Alejandro Toro

Conferencista y defensor de derechos humanos en Colombia. En la actualidad Representante a la Cámara del departamento de Antioquia por el Pacto Histórico, período 2022-2026. ​​​​

Alejandro Toro

La Procuraduría se excede fallando contra Daniel Quintero y repite el caso Petro

El anterior alcalde de Medellín Daniel Quintero y aspirante a las elecciones presidenciales fue investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación y el pasado 3 de julio la entidad le impuso una suspensión de 6 meses e inhabilidad especial por el mismo término. Esta decisión es altamente controversial, ya que la Entidad actuó fuera de su competencia, vulnerando los derechos fundamentales de Daniel Quintero, especialmente el derecho a la defensa. Durante el trámite, se le negaron pruebas solicitadas y la valoración de las mismas no fue objetiva. 

Esta decisión, infundada y violatoria tanto de la Constitución como de tratados internacionales, parece obedecer a un presunto plan para excluirlo de las elecciones presidenciales. Recordemos que la Procuradora Margarita Cabello fue Ministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, mostrando en sus actuaciones su deseo de favorecer a ciertos grupos políticos. 

Este es un tema controversial, puesto que dicha Entidad es responsable de ejercer control disciplinario sobre los servidores públicos, Sin embargo, esta potestad no le otorga la facultad de juzgar ni de emitir sentencias, ya que no es un juez de la República; su función es exclusivamente administrativa, casos como los de Daniel Quintero evidencian la extralimitación en sus funciones y la violación a Tratados Internacionales. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, fue ratificada por Colombia en 1973, parte integral del bloque constitucional, dispone que solo un juez de la República puede sancionar a servidores públicos electos popularmente, por tanto, La Corte Constitucional, mediante sentencia en el año 2023, reiteró la inexequibilidad de las atribuciones jurisdiccionales ejercidas por la Entidad. En otras palabras, reafirmó que La Procuraduría no puede sancionar, destituir ni mucho menos inhabilitar a servidores públicos de elección popular. 

La arbitrariedad y la extralimitación de funciones por parte de La Procuraduría se refleja en otros casos, como el del Senador de la República Álex Flórez Hernández, el 23 de mayo del 2023, fue sancionado con la suspensión e inhabilidad especial por el término de ocho meses. Además, actualmente cursan otras investigaciones efectuadas por la Entidad contra miembros de la coalición Pacto Histórico, como Alfredo Mondragón, Susana Gómez Castaño y Camilo Romero Galeano, a quienes se les continúan violando sus derechos políticos. 

Un precedente importante, es el caso del Presidente Gustavo Petro, quien en el año 2013 fue destituido de la alcaldía de Bogotá por la Procuraduría, concluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se le violaron los derechos políticos, toda vez que la Entidad no tiene competencia para imponer sanciones a funcionarios públicos democráticamente electos, determinando que dicha decisión fue contraria a la Convención

 

Americana de Derechos Humanos toda vez la destitución fue por vía administrativa y no judicial. 

Es lamentable que esta Procuraduría, además de ignorar la Constitución y la ley, y de presuntamente manipular la representación popular, también esté involucrada en presuntos hechos de corrupción. La Procuradora Margarita Cabello Blanco compró un edificio en Barranquilla por 20 mil millones de pesos, un bien avaluado en 10 mil millones. ¿Qué pasó con los 10 mil millones restantes? Esto parece ser un uso indebido de recursos públicos para fines personales, y es inquietante que se trata del mismo edificio que está relacionado con el escándalo de corrupción de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes.

Además del presunto favorecimiento a amigos personales y clanes políticos efectuados por la procuradora en otros contratos, pues presuntamente en un año paso de gastarse entre $800 millones y $509 millones en servicios tecnológicos a montos exorbitantes cercanos a los $20.000 millones anuales. 

Esta Procuraduría se ha dedicado a hacer públicas sus ideologías políticas, lo cual se refleja en sus decisiones y actuaciones, mostrando favoritismos y oposición al gobierno del cambio. Esto afecta gravemente la confianza en las instituciones y en la democracia en Colombia. Esperamos que el sistema judicial tome medidas para frenar estos presuntos actos de corrupción y que las funciones disciplinarias se ejerzan de manera imparcial, sin intereses políticos de por medio.

 

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