Comprender el significado real y el alcance de una Constitución Política, como la que rige en nuestro país hace 33 años, es exactamente lo mismo que entender cómo funciona el Estado en sus múltiples esferas (social, política, económica, fiscal o ambiental). También es tener conciencia del rol y la finalidad de sus instituciones y, sin ir muy lejos, de la historia que hay detrás de su conformación.
En este sentido, si alguien quisiera equiparar al Estado con un ser vivo, la Constitución Política sería el mapa de su organismo físico, prácticamente su ADN o una representación gráfica que describe e integra sus partes principales, desde sus sistemas hasta sus órganos, extremidades y tejidos.
Por esto mismo, para el ciudadano resulta clave conocer la Carta Magna porque allí también están plasmados sus derechos y obligaciones. Tanto así, que la misma Carta le ordena al Estado divulgar su contenido, creando la cátedra constitucional en todas las instituciones de educación, tanto oficiales como privadas.
En suma, la Constitución origina, nutre y determina el quehacer público del Estado como gestor del poder político; los derechos y obligaciones de los habitantes; las reglas de la economía; la expresión de la iniciativa privada; y las responsabilidades de los servidores públicos e instituciones estatales, marcando así buena parte de nuestra identidad como nación.
La transformación del derecho es natural a la democracia, pero la ley es suficiente para alcanzar los ajustes que precisa el país
Ahora bien, partamos de un acuerdo: en Colombia hay varios asuntos que deben mejorar en materia de salud, educación, informalidad laboral, seguridad e igualdad, entre otras; así como algunas instituciones y sistemas requieren ajustes periódicos. No obstante, estos cambios son propios de la naturaleza democrática y de la transformación progresiva del derecho, los cuales deben ir al ritmo de la evolución social, económica o política.
Así como las sociedades se renuevan de forma constante y cada vez a mayor velocidad, los grandes juristas reconocen y demandan en el derecho la necesidad de dar respuesta a esos cambios tan pronto como sea posible para evitar que se vuelva obsoleto o, peor aún, injusto. De allí que la ciencia del derecho y las instituciones que lo gobiernan, como el Congreso de la República y las altas cortes, al igual que la sociedad civil, la academia y la doctrina, operen sobre un tren en marcha que no se detiene.
Sin embargo, no todo cambio legal requiere una nueva constitución y ningún cambio institucional debe obedecer a la calidad de la persona que temporalmente ocupa este cargo. Además, los cambios que necesitamos están dispuestos en la misma ley; aunque, como todo proceso dentro de una democracia, debe obedecer al consenso y no al deseo de imponer un único punto de vista. De otra forma estaríamos pasando del pluralismo al autoritarismo, que es lo que no podemos permitir.
Por lo anterior, debo decir sin atisbo de duda que hoy no es el momento de abrir las puertas a una Constituyente. No solo por su inconveniencia política y la falta de necesidad jurídica, sino por algo más sencillo, porque el problema no es la Constitución.
En todas las democracias contemporáneas que han demostrado la madurez suficiente para asegurar su desarrollo, la necesidad de preguntarle al pueblo si desea cambiar la constitución nacional surge de manera genuina, sin presiones, cuando colectivamente se ha llegado a una simple pero definitiva conclusión: que es necesario hacer un alto definitivo en el camino para transformar el significado del Estado, cambiar el Contrato Social, redefinir los derechos y los roles institucionales, y proyectar una nueva forma de coexistir en lo público.
En nuestro caso, no podemos olvidar que la actual Constitución es fruto del acuerdo nacional que se concertó entre todos los actores políticos y sociales a inicios de la década de 1990. Este acuerdo permanece vigente en la actualidad. Decir lo contrario sería afirmar que hoy ha desaparecido la necesidad de mantener un equilibrio entre las ramas del poder público, o que se quiere modificar el precepto de la vida como un derecho sagrado, o que ya no es prioridad buscar la igualdad y proteger a los grupos vulnerables, ni garantizar la educación, la salud, la libre iniciativa privada bajo un respeto por los derechos de los trabajadores. Esto es lo que está consagrado actualmente y se pondría en juego.
Por supuesto que Colombia necesita grandes transformaciones que garanticen el goce de todos esos derechos consagrados en la constitución, pero el camino no es derrumbar sus cimientos, sino fortalecerlos para construir una mejor nación.
Abrir las puertas a una Constituyente no solo representa desconocer los logros del acuerdo nacional que perdura desde 1991, también significa una mayor inestabilidad e incertidumbre política, social y económica. ¿Acaso necesitamos más incertidumbres?
Solo un dato final. Durante los últimos 25 años, cinco naciones latinoamericanas han promulgado una nueva constitución. La más reciente fue Cuba en 2019 bajo el régimen que gobierna ese país; República Dominicana lo hizo en 2015; Bolivia, en 2009; Ecuador, en 2008; y Venezuela, en 1999. Chile, por su parte, intentó modificar su constitución en 2022 y 2023 pero la mayoría del pueblo chileno se rehusó.
