Hace una semana, en comisiones conjuntas económicas del Congreso, iniciamos el estudio del Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Luego de varias jornadas de socialización con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda, así como con mi equipo de trabajo, he identificado varios puntos positivos y algunos otros que a mi parecer deben ser revisados y aclarados en los debates por venir.
Lo positivo
Son varios aspectos a resaltar, pero me concentraré en tres puntuales. En primer lugar, celebro la intención del Gobierno Nacional de consolidar el Catastro Multipropósito ya que constituye una herramienta que permitirá la administración y gobernanza de las tierras rurales. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), sólo el 9,4% de los predios cuentan con información catastral actualizada. De ahí la relevancia de tener una política catastral que permita la identificación de la tenencia de las tierras, incluso, puede constituirse en un mecanismo útil para los procesos de restitución de tierras.
En segundo lugar, destaco la creación del Registro Universal de Ingresos – RUI – como herramienta de focalización de los subsidios, programas, políticas, proyectos y servicios de la oferta social. Esta herramienta ayudará a alcanzar de mejor forma los propósitos de equidad e igualdad, mediante las acciones afirmativas (subsidios o programas de apoyo) del Gobierno y la debida planeación del territorio.
En tercer lugar, aplaudo de manera decidida la creación de las ‘casas para la autonomía de las mujeres’ como una política nueva que busca garantizar a las mujeres el acceso a programas para alcanzar la equidad de género y su autonomía. Esto se alinea muy bien con mi proyecto de ley FEM – Fondo de emprendimiento para la mujer – con el cual queremos brindarles un capital semilla a las mujeres de bajos recursos para que saquen adelante sus ideas de negocio, logren el empoderamiento económico y salgan de los círculos de violencia intrafamiliar y pobreza.
La creación de estas casas tiene un trasfondo que comparto plenamente y es contribuir al cierre de brechas de género en el campo laboral, que haya una mejor inclusión productiva, mayor participación en la toma de decisiones y autonomía para las mujeres. Sin embargo, debemos trabajar en el texto del PND con el fin de que se incluyan las medidas específicas que se tomarán para cumplir estos propósitos y sus costos. No podemos permitir que una política tan seria se quede sólo en buenas intenciones plasmadas en un papel.
Lo que se debe revisar con cautela
En cuanto a los puntos que deben ser aclarados por el Gobierno Nacional, se encuentran la concesión de facultades extraordinarias al presidente de la República para legislar. En otras palabras, se le atribuyen funciones del Poder Legislativo al Presidente de la República, lo que – por supuesto – no es un asunto menor. Si bien es cierto que la solicitud de facultades ha sido implementada por otros gobiernos en temas específicos, estas facultades no pueden ser absolutas, ni indeterminadas y deben estar justificadas.
En el caso puntual, el Gobierno actual solicita 14 facultades extraordinarias, de las cuales 13 están relacionadas de manera directa con la administración de la estructura del Estado. Las facultades van desde crear, escindir o incluso suprimir entidades de la rama ejecutiva o alterar su estructura orgánica y régimen jurídico. Además, llama la atención la facultad de reglamentar las condiciones de reclusión y de resocialización de las personas indígenas que están privadas de su libertad.
Por otra parte, el plan plurianual de inversiones 2022-2026 estima una inversión para el cuatrienio de $1.154 billones de pesos, inversión 5,5% menor, en términos reales, a la establecida por el PND del Gobierno anterior. Más preocupante aún son los recursos destinados a los grupos étnicos (negritudes y comunidades raizales) que se reducen en 6,43 billones de pesos, es decir, una disminución del 20% con respecto a los recursos asignados en la Ley 1955 de 2019.
Un tercer punto a revisar es que en el articulado no se plantean los mecanismos para una transición energética en materia fiscal, siendo esta transición una de las principales banderas del actual Gobierno. El abandono de la actividad minera (hidrocarburos y minería) pertenece a un debate clave para Colombia. Este asunto tiene gran peso en la agenda de desarrollo nacional por los ingresos fiscales que percibimos del sector, los cuales representan generación de riqueza y empleo. Si la idea es reemplazar los recursos que hoy percibimos con el petróleo y hay una necesidad de gas, ¿cuál será el sustituto y cómo se va a llevar a cabo?
Para finalizar, voy a insistirle al Gobierno Nacional para que en el PND se amplíe el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) o cilindro de gas propano en los hogares de estratos 1 y 2 en todo el país. Son más de 4 millones de colombianos que se beneficiarían con esta medida, ya que estaríamos contribuyendo a que hagan la transición de leña o carbón a una energía limpia. Esta petición está 100% alineada a las políticas de transición energética del Gobierno y busca aliviar la economía familiar, así como cuidar la salud de los ciudadanos y proteger el medio ambiente. Espero seamos escuchados.
