Nicolás Salazar Ortiz

Administrador de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad Texas A&M. Es epecialista en Mercadeo Estratégico del CESA y magíster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Director de Transferencias Monetarias, a cargo de programas como Familias en Acción e Ingreso Solidario, y como Director de Contratación y gobierno en el sector privado.

 

Nicolás Salazar Ortiz

Los mismos con los mismos

En el año 2010, Carlos Fernando Galán denunció en su calidad de concejal, el famoso cartel de la contratación de Bogotá conformado por una malla empresarial, funcionarios del IDU, el Acueducto de Bogotá y que llegó a implicar al exalcalde Samuel Moreno y su hermano, el ex senador Iván Moreno. De este escándalo surgieron nombres como Emilio Tapia, Andrés Cardona, Orlando Fajardo, familia Nule, y el Contralor y Personero de Bogotá.

En esta época, se celebró el contrato 115 de 2009 por valor de $244 mil millones para la construcción del túnel Tunjuelo Canoas. Años más tarde, la fiscalía demostró que se pagaron coimas del 8,75% del contrato y nuevamente surgieron los nombres de Andrés Cardona, Orlando Fajardo y Emilio Tapias. Paola Solarte fue enviada a la cárcel por aprovecharse de los anticipos del contrato, y a su padre Carlos Solarte, le fue impuesta una medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad por problemas de salud.

En el año 2016, se llevó a cabo la licitación para ampliar la PTAR Salitre. La adjudicación se dio al Consorcio Expansión PTAR Salitre, integrado por una empresa española, una griega y por CASS Constructores, de la familia Solarte. La otra oferta presentada estaba conformada por un consorcio entre Odebrecht y OTV. Odebrecht admitió haber influido indebidamente en esta licitación. Los corruptos ganan con cara y sello, los ganadores y los perdedores se ven implicados en entramados de corrupción. Este contrato fue adjudicado por Alfred Ballesteros, director de la CAR de la época. Posiblemente, este mismo mes se seleccionará al nuevo director de la CAR Cundinamarca, no sorprende ver que Alfred Ballesteros es el más opcionado hasta el momento para ocupar el cargo.

Si por acá llueve, por allá no escampa. La alcaldía de Gustavo Petro se desarrolló entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero del 2016. Hoy en día vemos como Gilma Gómez, directora de la Unidad Administrativa de Mantenimiento vial fue condenada por un juez por el contrato de la máquina tapahuecos. La Secretaria Distrital de la Mujer, la Secretaria Distrital de Integración Social, y el Secretario Distrital de Ambiente fueron destituidos de sus cargos. La secretaria de Movilidad fue destituida. 13 de sus alcaldes Locales han sido sancionados disciplinariamente por la Personería con decisiones que quedaron en firme. Esto es solo una muestra como la Alcaldía de Gustavo Petro superó en número a las personas sancionadas a las implicadas en el carrusel de la contratación.

Recientemente, la Revista Semana publicó unas conversaciones que implicarían a la alcaldesa Claudia López y al Partido Verde. Según este artículo, dentro de las negociaciones del metro se entregaron $10.000 millones, dentro de los cuales se habla que $6.000 millones fueron para la financiación de la lista verde al Congreso de la República. A pesar de que Claudia López desvirtuó la acusación mediante un comunicado en el que menciona que la adjudicación de dicha obra se dio en el año 2019, en el que ella no había asumido como alcaldesa de la Ciudad. Sin embargo, recientemente el gerente de la Empresa Metro, junto con la alcaldesa, anunciaron a las cuatro empresas preseleccionadas para construir la Línea 2 del Metro. Llama la atención que tres de estas empresas son chinas. El jugoso contrato de la Línea 2 del metro será de $13 billones de pesos.

Es necesario que la Fiscalía adelante las investigaciones a la mayor brevedad, ya que los recursos de los Bogotanos pueden estar en peligro, una vez más. Estamos cansados de que sean los mismos con los mismos. La Alcaldía de Bogotá está próxima a adjudicar dos mega obras adicionales: PTAR Canoas ($4.5 billones) y el Corredor Verde de la Séptima ($1.4 Billones). ¿Qué estamos haciendo para proteger nuestros recursos? Una de las principales tareas de los concejales es hacer control político y proteger los recursos públicos. Sin embargo, tan solo en el segundo semestre del 2022, se llevaron a cabo 142 sesiones en el recinto. El 34% de estas sesiones fueron levantadas sin justificación alguna o por falta de quorum y en promedio, las sesiones duraron 3 horas.


Bogotá requiere gente comprometida con la ciudad y con la lucha contra la corrupción. Carlos Fernando Galán ha demostrado su compromiso con los bogotanos como senador y como concejal. Es el cambio que necesita Bogotá.

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