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Joven ibaguereño, ganador del modelo congreso estudiantil de Colombia 2020, ganador del concurso de oratoria y argumentación politica "Jorge Eliecer Gaitán" 2022, estudiante de derecho y un protector de la educación.

Juan Pablo Manjarres

Los "Pelados" no se están Graduando

En un país donde la educación es un derecho fundamental, los datos son alarmantes. Según el informe del Programa Nacional de Educación para la Paz, la mitad de los niños y adolescentes colombianos no logran completar la educación media. Este fenómeno tiene profundas implicaciones no solo en el futuro de nuestros jóvenes, sino también en el desarrollo del país y en la seguridad de nuestras comunidades.

Pero, ¿por qué ocurre esto? Las causas son multifactoriales y complejas. A nivel económico, la pobreza sigue siendo uno de los obstáculos más grandes. En Colombia, el 33% de las personas vive en pobreza monetaria, y el 11% en pobreza extrema. Esto no solo limita el acceso a una educación de calidad, sino que también crea un círculo vicioso donde los niños, nacidos en contextos de vulnerabilidad, enfrentan barreras casi insalvables para acceder a oportunidades educativas que los saquen de esa pobreza.

Un dato especialmente preocupante proviene de Bolívar, donde más del 62% de las madres de los recién nacidos no han superado el bachillerato. Esto perpetúa un ciclo de limitaciones: si las madres no tienen las herramientas educativas para acompañar el proceso escolar de sus hijos, el riesgo de deserción se incrementa considerablemente. Si a esto le sumamos la falta de infraestructura, recursos y personal docente, se agrava la situación.

En este contexto, se hace urgente adoptar una visión educativa más inclusiva, accesible, aceptable y adaptable a las realidades de cada región. La escuela debe ser un espacio integral que no solo forme académicamente, sino también emocionalmente a los estudiantes, para que puedan desarrollar habilidades que les permitan afrontar las dificultades que enfrentan en su vida cotidiana.

En lugares como Uribia, los niños tienen que cruzar ríos y exponerse a graves peligros para llegar a la escuela. En nuestro departamento, el Tolima, la reducción de estudiantes matriculados refleja una crisis que no solo es educativa, sino también social. Las comunidades rurales, que históricamente han estado en la periferia del sistema educativo, ven cómo sus hijos abandonan las aulas, no por falta de deseo, sino por la falta de condiciones para estudiar de manera digna.

La deserción escolar está fuertemente vinculada a la violencia en Colombia. Los estudios del DANE y de Medicina Legal indican que la mayoría de las víctimas de homicidios y violencia interpersonal en el país tienen un nivel educativo muy bajo, muchas sin haber terminado la primaria. Este ciclo de violencia social y exclusión está directamente relacionado con la falta de educación. Los jóvenes que no completan su escolaridad, a menudo se sienten excluidos de las oportunidades laborales y sociales, lo que aumenta las probabilidades de que se involucren en actividades violentas o criminales.

Garantizar que los niños y jóvenes permanezcan en el sistema educativo y puedan tener trayectorias educativas completas es uno de los factores protectores más poderosos frente a la violencia. Un joven que se educa tiene más herramientas para construir un proyecto de vida en paz, menos probabilidades de caer en las garras de la violencia y, sobre todo, tiene mayores oportunidades para contribuir de manera positiva a su comunidad.

Por tanto, la solución a esta crisis no está solo en mejorar las infraestructuras educativas o en asignar más recursos, aunque estos son pasos fundamentales. La verdadera solución radica en un cambio cultural, en un compromiso profundo con la educación como pilar de la paz, en la construcción de una sociedad donde cada niño, sin importar su lugar de nacimiento o su condición económica, tenga acceso a una educación integral que lo forme como ciudadano responsable, crítico y capaz de enfrentar los retos del mundo moderno.

Es hora de que todos los sectores de la sociedad, desde los padres hasta los políticos, pasando por los docentes y las organizaciones sociales, trabajemos de manera conjunta para garantizar que cada niño, niña y adolescente en Colombia reciba la educación que merece. Esta es una responsabilidad compartida y un desafío que debemos enfrentar si realmente queremos un futuro sin violencia y lleno de oportunidades para todos.

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Juan Pablo Manjarres
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