Este 28 de junio se cumple el primer aniversario de la sanción de la Ley 1962 de 2019 de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación (RAP), la cual vino a corregirle la plana a una Ley inicua, inocua y vacua, que es como yo he calificado la mal llamada Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) 1454 de 2011. Esta, en lugar de desarrollar la norma constitucional que es la tarea del legislador, se limitó a transcribirla sin ir más allá de la misma, malográndose esta oportunidad de avanzar en el propósito de darle al país la que llamó apropiadamente el Maestro Orlando Fals Borda la Ley Madre. Este fue un verdadero parto de los montes.
El Congreso de la República al aprobar la LOOT de marras hizo suyo el retruécano de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Y eso fue lo que hizo. Para soslayar y de paso bloquear la constitución tanto de las RAP como de las regiones como entidades territoriales (RET), como lo prescriben los artículos 306 y 307 de la Constitución Política, respectivamente, le dieron rienda a la creatividad del legislador. Privilegiaron figuras como la Asociatividad entre las entidades territoriales, que no requieren de ley orgánica, pues se pueden dar al amparo de la Ley ordinaria 489 de 1998, así como las regiones de planificación y gestión (RPG), al tiempo que le cerró literalmente las fuentes de financiamiento de las RAP.
De allí que el mayor mérito de la Ley de fortalecimiento de las RAP es que al tiempo que allanó el camino para que las RAP fortalecidas sirvan de escala técnica, como debe ser, para constituirse a la postre en entidades territoriales, derogó el artículo 32 de la LOOT que indujo a las RAP a un coma profundo del cual despertaron gracias a esta nueva Ley. Y no lo decimos a humo de paja, es que al disponer que por cuenta del funcionamiento de las RAP “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema general de Participaciones (SGP), ni del Sistema General de Regalías (SGR)”, las condenaba a su estado vegetativo y su ineluctable defunción por inanición.
La Ley de fortalecimiento de las RAP no sólo derogó dicho artículo sino que le abrió varias fuentes de financiación a las mismas. Se dice, explícitamente que “el Gobierno Nacional podrá asignar una partida en las leyes de presupuesto general de la Nación (PGN) para cofinanciar el cumplimiento de las atribuciones conferidas”. También podrán las RAP gestionar recursos de cofinanciación con los distintos niveles de gobierno, así como de cooperación internacional y, cómo no, a través de las alianzas público-privadas.
Y algo muy importante, se les faculta a las RAP para que estas puedan presentar proyectos, siempre de impacto regional, para su trámite y aprobación por parte de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y la asignación de recursos para el financiamiento de los mismos provenientes del SGR, amén de la ejecución de los mismos. Igualmente podrán presentarse por parte de las RAP proyectos de impacto regional a los distintos fondos de cofinanciación de los que dispone el Gobierno Nacional y así acceder a contrapartidas provenientes del PGN. También podrán contar con recursos provenientes del crédito público.
Hoy, más que nunca, se requiere la integración regional y el empoderamiento de las RAP para encarar los retos que les plantea la pandemia, que ha afectado el fisco tanto de la Nación como de las entidades territoriales, para lo cual se impone la conjugación de esfuerzos y las sinergias tanto entre el Gobierno central, los departamentos y municipios como entre estos últimos. Como es bien sabido los ingresos propios de libre destinación (IPLD), las transferencias del SGP y los provenientes del SGR han tenido y van a tener en lo que resta del año una caída sin precedentes, justo cuando se requieren mayores recursos para afrontar y enfrentar la pandemia del COVID - 19 y sus secuelas, que impactarán el empleo, el ingreso y el bienestar en los territorios.
Como se recordará el Gobierno Nacional echó mano, mediante el Decreto – ley 444 de 2020, de los recursos ahorrados por las entidades territoriales en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y en el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales (FONPET) del SGR para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Con tal fin tomó, inconsultamente, aproximadamente $14 billones de ellos, según se ha dicho en calidad de préstamo, en los momentos en los que los departamentos y municipios más los necesitaban.
Está por verse cuándo será ese cuándo que se les reintegre a las regiones dichos recursos, sobre todo si se tiene en cuenta que el déficit fiscal de la Nación para este año se calcula que puede llegar al - 8% y su deuda pública puede superar el 64% del PIB. Huelga decir que, merced al Acto legislativo 05 de 2019, que reformó el SGR, tanto el FAE como el FONPET se marchitarán, de modo que las regiones no van a contar con este ahorro hacia el futuro. Como en la fábula de la cigarra y la hormiga, se está asumiendo el papel de la holgazana cigarra en momentos en los que el invierno acecha.
Hay dos tareas impostergables de los que se deberán apersonar las RAP. Se trata de la reforma para fortalecer el SGP, para lo cual la Ley de fortalecimiento dispuso crear una Misión de descentralización, la cual deberá presentar sus recomendaciones al Congreso de la República. De otra parte, mediante la Ley 1943 de 2018 se creó una Comisión de expertos que deberá hacer lo propio con respecto a los tributos territoriales y su robustecimiento. Ambas iniciativas serán cruciales para las regiones y no se pueden dejar al garete. Finalmente, reiteramos nuestro llamado al Presidente Iván Duque para que, ahora que ha quedado facultado para decretar con fuerza de Ley la reglamentación del Acto legislativo 05 de 2019, su texto sea concertado con los alcaldes y gobernadores.
