Las universidades y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano deberán fortalecer sus protocolos para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias basadas en género y el acoso sexual.
La medida quedó establecida en la Resolución 020310 del 31 de julio de 2026, expedida por el Ministerio de Educación, que actualiza las obligaciones de las instituciones educativas para garantizar espacios libres de violencia y discriminación. La norma reemplaza la Resolución 014466 de 2022 e incorpora disposiciones de la Ley 2365 de 2024 y de la Corte Constitucional.
La resolución será de obligatorio cumplimiento para instituciones públicas y privadas, y aplicará a estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo, contratistas, practicantes y demás integrantes de la comunidad educativa.
Las instituciones deberán adoptar o actualizar sus protocolos para prevenir, detectar, atender, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia basada en género y acoso sexual. Además, deberán garantizar procesos con enfoque de derechos y evitar la revictimización de las víctimas.
Entre las nuevas obligaciones también se encuentran implementar campañas permanentes de prevención, contar con rutas claras de atención, brindar acompañamiento psicológico y orientación jurídica, habilitar canales confidenciales para denuncias y conformar equipos especializados para atender estos casos.
Asimismo, deberán asignar recursos para el funcionamiento de las rutas de atención, implementar sistemas para el seguimiento de las denuncias y divulgar de manera permanente los protocolos dentro de la comunidad educativa.
La nueva regulación incorpora lineamientos para respetar el nombre identitario y los pronombres de personas trans, no binarias y de identidades de género diversas en los procesos académicos y administrativos.
Igualmente, recuerda que ninguna institución podrá exigir la libreta militar como requisito para el ingreso o la graduación, conforme a la legislación vigente.
El Ministerio de Educación indicó que el objetivo es fortalecer la respuesta institucional y garantizar la protección de las presuntas víctimas, sin desconocer el debido proceso y la presunción de inocencia.
