Esta semana, la noticia de que un grupo de mercenarios colombianos participó en un atentado contra la fuerza pública en Michoacán, México, volvió a sacudir nuestra imagen internacional. Otra vez, el país aparece asociado no por su diplomacia o liderazgo regional, sino por el tráfico de combatientes irregulares. Como Representante a la Cámara y ponente del proyecto de ley que busca aprobar la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el reclutamiento, la financiación y el uso de mercenarios, quiero decirlo con toda claridad: Colombia no puede seguir tolerando el mercenarismo como fenómeno al margen del derecho.
Nuestra responsabilidad como Estado es proteger a nuestros ciudadanos, sí, pero también proteger nuestro nombre y soberanía frente a este nuevo tipo de crimen transnacional.
Colombia, lo sabemos, ha producido miles de soldados formados en el conflicto armado interno. Muchos de ellos, al salir del servicio, encuentran pocas oportunidades de reinserción civil. Es esa vulnerabilidad la que están aprovechando redes privadas que los reclutan, los entrenan —o los reciclan— y los envían a conflictos armados en el exterior, muchas veces bajo engaños. Así llegaron compatriotas a la guerra civil de Sudán, donde ya se reportan más de 20 muertos; así participaron otros en el magnicidio del presidente de Haití; y así, ahora, terminan al servicio del crimen organizado mexicano.
Este fenómeno no es nuevo. Lo alarmante es que sigue creciendo mientras el Estado colombiano carece de un marco normativo claro para prevenirlo, investigarlo y sancionarlo. Por eso impulsamos la aprobación de la Convención de la ONU contra el mercenarismo, adoptada en 1989 y que Colombia aún no ha ratificado.
Ante este debate, es importante responder a una preocupación que algunos sectores han manifestado: ¿esta Convención limitaría las oportunidades laborales de colombianos que trabajan legalmente en seguridad en el exterior? La respuesta es categóricamente no.
El Artículo 1 de la Convención define de manera clara y detallada quién es considerado un mercenario. Según esta norma internacional, un mercenario es toda persona que ha sido reclutada especialmente para combatir en un conflicto armado, que participa directamente en las hostilidades con el objetivo principal de obtener una ganancia personal, y que no es miembro de las fuerzas armadas de una de las partes en conflicto ni ha sido enviada oficialmente por un Estado como parte de una misión oficial. Es decir, no cualquier persona con formación militar entra dentro de esa categoría: solo lo es quien actúa al margen de estructuras estatales, por lucro personal, en conflictos ajenos y con un fin esencialmente violento o desestabilizador.
Dicho en términos simples: esta Convención no criminaliza el trabajo legal y regulado en empresas de seguridad privada, ni impide que un ciudadano colombiano trabaje como escolta, asesor o consultor de seguridad en otro país. Lo que sanciona es el uso ilegal, armado, encubierto y remunerado de ciudadanos colombianos para participar en conflictos violentos por fuera del derecho internacional.
Aprobar esta Convención permitirá que Colombia tipifique penalmente el mercenarismo como un delito específico, lo que dará herramientas a las autoridades judiciales para investigar y sancionar a quienes reclutan, financian o entrenan mercenarios. También facilitará la cooperación judicial con otros países para desmantelar estas redes ilegales, y permitirá que el Estado colombiano pueda intervenir en casos en los que nuestros ciudadanos sean víctimas de engaños para terminar en campos de batalla ajenos. Todo esto es esencial para proteger vidas, fortalecer nuestra soberanía y defender nuestra imagen internacional.
Tenemos, además, el deber moral de ofrecer alternativas reales de reintegración social, empleo digno y apoyo psicosocial a nuestros veteranos. Pero esa responsabilidad no puede confundirse con permisividad frente a la exportación de violencia, ni con el silencio ante un fenómeno que daña tanto a quienes lo protagonizan como al país que representan.
Colombia no puede seguir apareciendo como semillero de mercenarios. Ese no es el lugar que nos corresponde en el mundo. La aprobación de esta Convención no es una amenaza a los trabajadores honestos: es una herramienta para protegerlos, para evitar abusos y para romper con la complicidad silenciosa ante el crimen organizado transnacional.
Desde el Congreso, y en nombre del país que sí cree en la legalidad, invito a todos los sectores políticos a respaldar la ratificación de esta Convención. Colombia necesita reglas claras, justicia efectiva y una postura firme frente a los nuevos desafíos de seguridad global. El momento de actuar es ahora.
