Como si se tratara de un baldado de agua fría para toda la sociedad, el mes de abril -mes en el que celebramos el día del niño y la niña en Colombia- inició con un caso aberrante de turismo sexual contra menores y explotación sexual infantil en Medellín. Lo ocurrido en la capital antioqueña no es un caso aislado, al contrario, es una cruel realidad que se ha vuelto recurrente en varias ciudades del país y a la que tenemos que ponerle freno de inmediato.
De acuerdo con el último reporte del Ministerio del Interior, en el 2023 se incrementaron en un 154% las víctimas de trata de personas respecto al 2020, pasando de 104 denuncias a 264. La mayoría de las víctimas son niños, niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años que son contactados por redes internacionales. Además, el año pasado se registraron por primera vez, de manera oficial, los casos de dos pequeños menores de once años involucrados en trata de personas con fines de explotación sexual.
Por su parte, la Policía Nacional reportó que sólo entre enero y febrero de este año había capturado a más de cien personas por cometer delitos sexuales contra menores de edad. Entre los delitos se enumeran la pornografía infantil, explotación sexual comercial y turismo sexual. En la gran mayoría de ocasiones estos pedófilos se acercan a los niños y adolescentes a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, ganándose la confianza de sus víctimas, engañándolos, haciéndose pasar como otros niños, ofreciéndoles dinero o amenazándolos.
El más reciente caso ocurrido el fin de semana pasado, cuando un extranjero fue descubierto en un lujoso hotel de Medellín con dos niñas de once y doce años, alertó al país sobre una triste realidad que se viene replicando: el turismo sexual a lo largo y ancho del territorio nacional. No podemos seguir haciéndonos los de la vista gorda, mientras este abominable negocio crece ante los ojos impávidos de toda la sociedad.
Por lo anterior, he pedido a mis compañeros del Congreso que me acompañen a acelerar el trámite del proyecto de ley de mi autoría llamado ‘No más depredadores sexuales en internet’. Esta iniciativa, la cual radicamos en septiembre del año pasado, busca prevenir los diferentes tipos de violencia digital a los que se exponen los menores (como el grooming, sexting, sextorsión y ciberbullying) y abordar estas nuevas problemáticas desde una perspectiva de salud mental. No sólo nuestros niños están expuestos a todo tipo de peligros en las redes sociales relacionados con delitos sexuales, sino que los casos de ciberacoso vienen aumentando de tal forma que cada vez son más los menores con depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.
Según la ONG ‘Bullying sin fronteras’, 7 de cada 10 niños sufren acoso o ciberacoso alrededor del mundo. En Colombia se supo recientemente el caso de una niña de doce años, estudiante de un reconocido colegio de Bogotá, que tomó la decisión de quitarse la vida, al parecer, tras ser víctima de acoso y ciberacoso por sus compañeros. El gran reto como sociedad es que dejemos de esperar que otros actúen o que sean sólo las autoridades las que tomen medidas. Desde todos los sectores, ya sea educativos, padres de familia, empresarios y por supuesto órganos de control y policiales, tenemos que cooperar para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Alcaldías como la de Medellín y Cartagena han venido extremando las medidas para combatir el flagelo de la prostitución infantil. Así mismo nos corresponde desde el Congreso hacer la tarea para actualizar la legislación colombiana, prevenir y sensibilizar sobre los nuevos tipos de violencia en internet que acechan a los menores y tratar seriamente estos casos atendiendo la salud mental de los niños, acompañándolos, rodeándolos y protegiéndolos como lo más preciado que tiene nuestra sociedad.
