Las perspectivas de crecimiento económico proyectadas para nuestro país por las diferentes agencias económicas nacionales e internacionales para la presente vigencia han sido muy optimistas, debido al dinamismo de la recuperación que hemos tenido, después de la pandemia, poniéndola como una de las economías de mayor crecimiento a nivel mundial.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional- FMI- “la economía colombiana cerrará el 2022 con un crecimiento del 6,3 %, mientras que para el 2023, decrecería en un 3,5 %. Entre tanto, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE- ha previsto que el PIB crecerá en un 6,1 % en 2022 y ha proyectado para el próximo año, una desaceleración de la economía, previendo un PIB del 2,1 %, una cifra de crecimiento muy inferior que, podría verse disminuida si continúa la presión inflacionaria, lo que ocasionaría un deterioro del ingreso disponible de los hogares, impulsado por el aumento de los precios de la canasta familiar y un incremento de las transacciones de bienes y servicios.
Por su parte el Banco de la República, pronosticó un crecimiento inicial de la economía al cierre de la vigencia, del 5 % y, posteriormente ajustó las cifras de crecimiento a un 6,9 %. Lo anterior, debido al buen comportamiento en el consumo de los hogares en el primer semestre del presente año y un repunte en las cifras de empleo del mercado laboral. Es preciso recordar que en el mes de julio del presente año la tasa de desempleo total nacional cerro en un 11,0 % lo que representó una disminución de 2,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2021. Es por ello que, el gobierno debe asegurar m la dinámica de recuperación del sector productivo, para conservar la tendencia de crecimiento del mercado laboral.
El manejo de nuestra economía requiere de la mayor prudencia, discreción y decisiones acertadas que, envíen mensajes de tranquilidad y confianza a los diferentes agentes económicos, toda vez, que tenemos presiones internas y externas que inciden de manera directa en la inflación, la devaluación del peso, el incremento de las tasas de interés y consecuentemente en las cifras de crecimiento económico.
En la actual coyuntura económica y política, con los anuncios del nuevo gobierno, el impacto que pueda generar la reforma tributaria que hace transito en el Congreso de la República, la presión inflacionaria y los anuncios de incrementar los precios locales del combustible, ponen a prueba la capacidad del actual gobierno para consensuar con los diferentes sectores y tomar decisiones que no pongan en peligro el crecimiento económico, la generación de empleo y la estabilidad de los indicadores macro económicos, que puedan inducir a una recesión económica para el próximo año, de imprevisibles consecuencias.
Con las actuales expectativas de inflación cercanas al 10 %, un aumento gradual de los precios de los combustibles y los ajustes en la política monetaria relacionados con el incremento en las tasas de interés, las proyecciones de crecimiento económico y el cierre fiscal, podría verse seriamente afectadas. Es por ello, que se hace necesario actuar con la mayor mesura para no afectar la inversión, el consumo interno, la generación de empleo, la productividad empresarial y el dinamismo del crecimiento económico.
Es imperativo analizar de manera objetiva la oportunidad y necesidad de tramitar proyectos de reformas en la actual coyuntura que, puedan generar un impacto fiscal en las finanzas públicas en el corto y mediano plazo, lo cual ocasionaría graves consecuencias en la evaluación y calificación de riesgos de los títulos de deudas emitidos por el gobierno central, afectando el riesgo crediticio del país.
Es preciso, controlar dos indicadores que son determinantes para la buena salud de nuestra economía: la presión inflacionaria que incide de manera directa en el costo de la canasta familiar y la depreciación del tipo de cambio que, hacen más oneroso el pago de las deudas en dólares, tanto del sector privado como público. Al cierre del primer semestre de 2022, el saldo de la deuda externa del sector privado alcanzo una cifra cercana de US$ 74.990 millones, lo que equivale al (21,6 % del PIB) y por otro lado, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central, a julio de 2022, llegó al 49,2 % como proporción del PIB, lo que equivale a 174,3 mil millones de dólares, que en pesos colombianos oscila en unos 780 billones de pesos, una cifra bastante elevada que va a limitar la capacidad de endeudamiento del gobierno nacional para futuras inversiones en los próximos años.
Una Reforma Tributaria equilibrada.
No hay una reforma tributaria perfecta, siempre va a afectar algunos sectores y personas, más que a otros, lo importante es mantener algunos atributos esenciales que generen equilibrios en el sistema tributario de nuestro país. De acuerdo con el Nobel de economía Joseph Stigliz (2002) “ para que una estructura tributaria sea eficiente tendría que observar algunos atributos fundamentales: eficacia, económica, sencillez, administrativa, flexibilidad, responsabilidad, política y justicia”, esperemos que el gobierno nacional y el congreso de la Republica, logren concebir una reforma tributaria lo más equilibrada y progresiva posible.
El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pretende recaudar 25 billones de pesos a partir del año 2023 y tiene como finalidad reducir las brechas de pobreza y desigualdad que tiene el país y en segundo lugar, realizar el ajuste fiscal que, le permita recaudar los recursos para financiar sus proyectos sociales en los próximos cuatros años; es una apuesta necesaria que, requiere el consenso de los diferentes sectores políticos, empresariales, gremiales y sociedad en general que permitan avanzar en una sociedad más igualitaria y disminuir los niveles de pobreza.
En ese propósito de garantizar equidad, el proyecto de reforma tributaria busca reducir y eliminar algunos prerrogativas o exenciones tributarias de algunos sectores productivos, modificar algunas tarifas impositivas para homogenizar el sistema tributario, aumentar la carga tributaria a las personas más ricas, incrementar la tributación a las personas naturales que tengan salarios superiores a 10 millones de pesos mensuales, sin importar la fuente. Lo que hace necesario analizar el impacto en el consumo de los hogares de un grupo poblacional reducido.
Entre tanto, el aumento del impuesto por ganancia ocasional del 10 % al 30 %, son entre otros, cambios sustanciales en el sistema tributario, que generan inquietudes en diferentes sectores de la sociedad, que requieren ser revisados a fondo y consensuados para evitar generar un impacto en la inversión, generación de empleo y afectar el consumo de los hogares mas vulnerables de nuestra sociedad.
En lo que hace referencia al sector financiero, el proyecto establece que la sobretasa para instituciones financieras de 3 puntos porcentuales, que está prevista hasta el año 2025, pase a ser de manera permanente. Lo anterior, generaría una tarifa del 38 % para el sector financiero, lo que en gran medida genera consenso en el Congreso por las altas utilidades que genera el sector. El proyecto también plantea una tarifa de ganancias ocasionales a las empresas del 30 %, plantea que sean los productores quienes tomen la tarifa del 10% para los productos comestibles ultra procesados y la imposición de tarifas adicionales para las bebidas azucaradas, de acuerdo con el grado de contenido de azúcar.
Es preciso revisar la carga tributaria para el sector empresarial que en algunos casos puede superar el 60 %, lo que puede afectar la inversión interna y externa. Finalmente, hay que reconocer al equipo económico del gobierno nacional la disponibilidad y capacidad de dialogo con los diferentes sectores que han planteado reparos y propuestas al proyecto de reforma tributaria. Es importante, que las comisiones económicas del Congreso de la República, estructuren un proyecto de reforma tributaria lo más equilibrado posible que, no afecte a los sectores mas vulnerables de la sociedad y afecten el buen desempeño de nuestra economía, es decir, que no resulte “el remedio peor que la enfermedad”. Amanecerá y veremos.
