En julio de 2022 publiqué dos artículos sucesivos que titulé así: “Relleno Sanitario de Doña Juana, vergüenza para la UAESP …”, con su Parte I y su Parte II. Puse de presente las deficiencias que la prestación del servicio de aseo evidencia de tiempo atrás en la ciudad.
No son pocas las falencias advertidas en la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Hoy, retomo dos: (i) la injustificable carencia de capacidad y rigor de la Unidad, y (ii) el afán de protagonismo en medios para hacerle frente a las controversias contractuales. Además de los gravísimos escándalos de corrupción, que ahora salpican al jefe de gabinete de la alcaldesa mayor, Antonio Sanguino.
Lo que no ha podido enfrentar la Unidad, por su notoria incapacidad, se quiere lograr gestando espectáculos mediáticos en una clara e indebida estrategia basada en amedrentar a los jueces y, por ende a la Justicia. No se hacen esperar los mensajes destemplados en Twitter, los artículos periodísticos que lejos están de serlo, y las constantes declaraciones de funcionarios distritales a los medios, descalificando a los jueces cuando no les parecen sus decisiones, o, lo que es peor, los descalifican de antemano como estrategia de presión, seguramente esperando orientar las decisiones que les compete adoptar. Esta es una burda, torpe y reprochable estrategia gubernamental y un irrespeto con la Justicia que obliga a que la Procuraduría, por lo menos, se ocupe de evaluar esas conductas.
El pleito más importante que ha tenido la Uaesp y el mismo Distrito Capital, corresponde a la disputa arbitral entre la Unidad y el concesionario del Relleno Sanitario Doña Juana, la empresa Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana S.A. E.S.P. Las pretensiones del concesionario superan el billón de pesos, las cuales deben ser resueltas por un tribunal de arbitramento pactado conforme a la ley, quién está llamado, por ende, a fungir como Juez del contrato.
En la Comisión Quinta del Senado se acaba de llevar a cabo un debate de control político a la alcaldesa Claudia López y al superservicios Dagoberto Quiroga, sobre el litigio arbitral. El debate fue citado por el senador Inti Asprilla, paradójicamente, hijo de quien dirigiera la Uaesp -Guillermo Asprilla (+), hace dos administraciones. Durante el debate, también intervino la ministra de ambiente, Susana Muhamad, haciendo precisiones sobre una controversia estrictamente contractual y distrital. La alcaldesa, paradójicamente, en este caso, no le molestó la intromisión de la funcionaria nacional.
El debate en el Senado lejos estuvo de serlo. En realidad se desarrolló como una tribuna burdamente preparada para que la alcaldesa y, de alguna manera, también la ministra, se despacharan en epítetos tratando de incidir en las decisiones judiciales que debe adoptar en breve el panel arbitral, designado de común acuerdo por las partes en litigio y de conformidad con la ley arbitral a instancias del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, como lo señala el contrato.
El irrespeto a la Justicia por parte de los voceros distritales, liderado por la alcaldesa Claudia López, está plagado de evidencias: “Rama de la impunidad” (El Espectador – 27/10/22); “Dos jueces le responden a la Claudia López: No respeta la independencia de poderes” (La Silla Vacía – 15/11/2022); y, en el presente litigio arbitral, aún más. La alcaldesa, en una clara y directa referencia a los árbitros, dijo lo siguiente en el recinto de la Comisión Quinta: “Yo respeto profundamente a las autoridades judiciales, pero me parece que esto requería compresión de lectura, ni siquiera un profundo conocimiento del derecho, compresión de lectura …”. De respeto, nada.
No se pierda de vista que las partes de común acuerdo y conforme a la ley, designaron como árbitros a los ilustres abogados Alberto Yepes Barreiro, quién preside el tribunal, Rodrigo Antonio Durán Bustos y Luis De Brigard Caro. Los árbitros designaron al también jurista Antonio Pabón Santander como secretario. Los árbitros y el secretario, en este caso, representan la majestuosidad de la Justicia, a la que la señora alcaldesa tilda de no saber ni leer. Los árbitros Yepes y Durán, fueron designados al final de la administración Peñalosa, y De Brigard, durante la actual de Claudia López.
La preocupación y desespero de la señora alcaldesa en este caso, debe responder, de una parte, a que seguramente por fin cayó en la cuenta de que la defensa jurídica de los intereses distritales ha sido errada. Defensa que fue definida por esta administración, no otra. La abogada contratada por la Uaesp, inicialmente, para asumir esa defensa en este pleito billonario fue la jurista Sandra Morelli Rico, pero a las pocas semanas la misma alcaldesa la sacó corriendo, sin razón alguna.
De otra parte, lo otro que debe tener desatada en epítetos a la alcaldesa en contra de los árbitros, es que todo indica que existe en el proceso una prueba pericial muy robusta, rigurosa y sólida que en nada favorece la postura de la Uaesp. Dictamen elaborado por el prestigioso economista de la Universidad de los Andes, Andrés Escobar Arango, miembro y presidente de la Junta Directiva del Grupo Energía de Bogotá (GEB), entre otras importantes responsabilidades públicas y privadas ejercidas en su larga y exitosa trayectoria profesional.
Todo indica que el Relleno Sanitario Doña Juana está a punto de explotarle en la cara a la alcaldesa, poniendo, una vez más, en evidencia las falencias de su administración en esta materia. Basta recordar el fiasco de licitación de la planta de termo valorización de residuos en el relleno, difícil abonarle el menor sentido común.
