Acordemos algo: una de nuestras mayores prioridades en este momento debe ser la reactivación económica y el impulso a los sectores productivos para sacar adelante nuestro país. La pandemia del Covid-19 ha dejado, ciertamente, unas secuelas perversas que se ven reflejadas en la tasa de desempleo a junio que se ubicó en el 19,8% cuando el año pasado en el mismo mes fue del 9,4%. Es una realidad que debemos afrontar y buscar soluciones prontas para que el motor no se apague. Una de ellas es, sin lugar a duda, la inversión en infraestructura, proyectos 5G, vías rurales y construcción de vivienda. El Gobierno Nacional sabe que ese el camino y por eso en el Presupuesto General de la Nación este es uno de los rubros que más aumentará para 2021.
El mal estado de las vías de acceso a las regiones o la ausencia total de infraestructura de comunicación terrestre en la periferia nacional cercena profundamente la competitividad económica del país frente a otros mercados, incluidos los de nuestra propia región. En Colombia vemos que sólo los gastos del transporte, desde la región a los centros de comercio, pueden llegar a ser más costosos que el mismo valor de la carga. El simple hecho de otorgarle la posibilidad a un campesino o agricultor de extraer sus productos en tiempos más cortos y con costos inferiores de transporte permitiría una mayor producción en frutas, verduras, cárnicos y materias primas en general, lo que en algunas zonas del país -en especial aquellas afectadas por los cultivos ilícitos- podría representar una alternativa de sustento para la población que hoy depende económicamente de esta actividad ilegal.
Distintos organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han indicado que si Colombia invierte una mayor proporción de su producto interno bruto en proyectos de infraestructura, puede dinamizar el crecimiento económico. Recientemente, el Consejo Gremial Nacional presentó una serie de propuestas para la recuperación gradual de la economía colombiana. Señalan que las obras civiles, las vías 5G, completar los tramos faltantes de las 4G, mayores conexiones y acceso a las zonas rurales, así como nuevos proyectos de vivienda son una forma efectiva de aumentar la formalidad laboral y empresarial en el país.
Nosotros, desde el Congreso, en la pasada ley de crecimiento económico aprobamos una sobretasa en el impuesto de renta de cuatro puntos al sector financiero por tres años. Se calcula que se recaudarían cerca de dos billones de pesos y su destinación, precisamente, será la construcción de las vías terciarias para comunicar las regiones más apartadas de Colombia.
Por su parte, el Gobierno Nacional, especialmente a través de los ministerios de Transporte, Vivienda y Hacienda, viene haciendo una juiciosa tarea enfocada en esta reactivación del aparato productivo. Para los proyectos de infraestructura de transporte de quinta generación el Ministerio de Hacienda tiene contemplado un costo de US$5.375 millones, aproximadamente 19,8 billones de pesos, que se aproximan al 1,7% del PIB del país. Esta inversión se reparte en cuatro frentes de infraestructura: carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y proyectos fluviales.
La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, lideró la etapa de consecución de las vías 4G, logrando que del 29 ya haya 24 en ejecución. Por ejemplo, el pasado diciembre entró en funcionamiento el Puente Pumarejo que mejora la movilidad entre los departamentos de Atlántico y Magdalena, en septiembre podremos usar el Túnel de la Línea con cinco puentes y 13,4 kilómetros de doble calzada; además, para el primer trimestre del 2021, se inaugurará el proyecto completo del Cruce de la Cordillera Central, entre los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío).
Dentro de los proyectos 5G, donde se volcarán las miradas en los próximos meses, se encuentran la Autopista Aló Sur (Cundinamarca), el corredor Buga-Buenaventura (Valle del Cauca), la carretera entre Barrancabermeja (Santander) y San Roque (Cesar), el segundo bloque para reforzar los aeropuertos de Cali, Cartagena y Bogotá, proyectos fluviales como la navegabilidad del río Magdalena y el Canal del Dique, entre otros. Hay que agregar, que una de las características de esta nueva generación de obras será la sostenibilidad ambiental y la coexistencia de la infraestructura con el entorno.
Por el lado de la construcción de vivienda, el ministro de esta cartera, Jonathan Malagón, proyecta que para el 2022 el sector edificador, así como las actividades inmobiliarias, podrán generar en el país más de 1,3 millones de empleos. Esta meta se soporta en el reciente anuncio del presidente Iván Duque de 200.000 subsidios del Gobierno para comprar vivienda, de los cuales ya se han distribuido cerca de 5.900. Los primeros 100.000 van dirigidos a vivienda de interés social, es decir, familias cuyos ingresos sean de máximo cuatro salarios mínimos al mes, mientras que los otros 100.000 son para viviendas no VIS de máximo $438 millones. En este mismo sentido, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se ha propuesto que para el período 2020-2022 generará 300 mil nuevos puestos de trabajo directos y 420 mil indirectos en la cadena de valor con la construcción de 500 mil viviendas formales y 12 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales.
El desarrollo en infraestructura física para la comunicación terrestre, aérea o fluvial dentro del territorio de cualquier nación, así como la inversión en construcción de vivienda urbana y rural, representan una enorme oportunidad en muchas esferas del escenario público y, con mayor razón, en un país como Colombia, caracterizado por su compleja geografía y altos índices de desigualdad. Debemos seguir dirigiendo esfuerzos y prestar mayor atención a las vías terciarias o rurales para impulsar no solamente la cadena de producción que incluya a los campesinos que cultivan la tierra, sino a la generación de empleo y activación económica de estas regiones que por décadas han vivido en el olvido.
