La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene una presencia sostenida en Venezuela desde hace varios años, pese a que las autoridades de ese país han negado reiteradamente su operación en territorio venezolano. Sin embargo, tras la detención del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, el Gobierno colombiano activó medidas extraordinarias de seguridad ante el riesgo de represalias armadas en la frontera.
El ELN es actualmente el segundo grupo armado ilegal más grande de Colombia, después del Clan del Golfo. Según el informe oficial ‘Apreciación de las capacidades críticas de la amenaza (Accam)’, publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta julio de 2025 esta guerrilla contaba con 6.450 integrantes.
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Una estructura binacional
De acuerdo con Gerson Arias, investigador de seguridad y conflicto de la FIP, al menos el 60 % de la estructura armada del ELN opera a lo largo de la frontera colombo-venezolana, con presencia tanto en Colombia como en Venezuela.
En cuanto a su cúpula estratégica, integrada por unas 23 personas entre el Comando Central y la Dirección Nacional, Arias señala que el 70 % se encuentra en territorio venezolano, lo que confirma el carácter binacional que ha adquirido la organización.
Esta lectura es respaldada por el centro de pensamiento InSight Crime, que advirtió que tras los hechos del 3 de enero, el ELN habría iniciado traslados de combatientes hacia Colombia, ante el temor de nuevos ataques de Estados Unidos.
Aliado del chavismo bajo presión
“InSight Crime” calificó al ELN como una organización colombo-venezolana, señalando que mientras en Colombia actúa como guerrilla, en Venezuela ha funcionado como una fuerza paramilitar afín al régimen chavista, brindando apoyo directo a Maduro.
No obstante, el analista Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, advierte que este respaldo podría representar un alto costo político para la cúpula chavista. Según explica, las unidades del ELN estarían replegándose hacia zonas rurales en estados fronterizos como Táchira, Apure y Amazonas, y podrían verse afectadas las relaciones con militares venezolanos de alto rango.
Respuesta armada y despliegue militar
Tras el ataque estadounidense del sábado, que culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el Comando Central del ELN expresó públicamente su respaldo al llamado del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, a resistir.
Ante este escenario, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció un plan preventivo frente a posibles atentados. El Gobierno ordenó el despliegue de 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, con especial énfasis en el Catatumbo, considerado uno de los principales bastiones del ELN.
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La FIP reportó movimientos inusuales por pasos ilegales, especialmente en el Catatumbo. Según Arias, el ELN habría anticipado un escenario como el ocurrido y procedió a la reubicación de mandos, el desmantelamiento de campamentos, el uso de ropa civil y el cambio de sistemas de comunicación.
A esto se suman las acusaciones formales de Estados Unidos en 2020, que vinculan a altos funcionarios venezolanos como Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín con grupos narcoterroristas, incluido el ELN. Según ese expediente, Cabello habría utilizado pistas clandestinas controladas por la guerrilla para facilitar el tráfico de cocaína entre 2022 y 2024, con apoyo de oficiales militares venezolanos.
*Hecha con información de EFE*
