El Gobierno Nacional anunció este 13 de marzo un nuevo paquete de medidas tributarias con el que busca financiar la atención de la emergencia económica declarada tras las graves inundaciones que han afectado a varias regiones del país. La decisión se produce luego de que, el pasado 11 de febrero, se decretara la emergencia económica para responder a los impactos del frente frío que provocó inundaciones en miles de hectáreas y afectaciones en infraestructura y servicios públicos.
El plan contempla una adición al Presupuesto General de la Nación de 2026 por 8,68 billones de pesos, recursos que serán destinados a atender la crisis en ocho departamentos afectados. Según el Gobierno, estos fondos se financiarán principalmente con los ingresos derivados de los decretos tributarios expedidos en las últimas semanas.
Las medidas buscan responder a las críticas que habían surgido desde distintos sectores empresariales, que reclamaban mayor claridad sobre el destino de los nuevos impuestos anunciados inicialmente a finales de febrero.
Impuestos a juegos en línea y cambios al patrimonio
Entre las novedades del nuevo paquete fiscal se encuentra un cambio en el impuesto nacional al consumo aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet. Para 2026 se estableció una tarifa del 16 %, que se calculará sobre los ingresos brutos del juego, es decir, el valor total de las apuestas menos los premios pagados durante cada período.
También se amplía el alcance del impuesto al patrimonio decretado en febrero. Este tributo, que tiene una tarifa general del 0,5 %, se aplica a patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a más de 10.474 millones de pesos.
Con el nuevo decreto, el impuesto no solo recaerá sobre empresas nacionales, sino también sobre establecimientos permanentes y sucursales de compañías extranjeras que operen en el país.
Normalización tributaria y alivios para deudores
Otra de las medidas anunciadas es la creación de un impuesto complementario de normalización tributaria para el año gravable 2026. Este tendrá una tarifa del 19 % y estará dirigido a contribuyentes que posean activos omitidos o pasivos inexistentes a abril de ese año.
El paquete también incluye alivios para contribuyentes con deudas tributarias, aduaneras o cambiarias. Quienes tengan obligaciones pendientes con la autoridad tributaria al 31 de diciembre de 2025 podrán acceder a reducciones en sanciones e intereses moratorios si realizan el pago total entre el 12 de marzo y el 30 de abril de 2026, cumpliendo determinados requisitos.
Estas medidas buscan mejorar la liquidez del Estado y facilitar la recuperación de cartera en medio de la emergencia.
Facultades especiales para autoridades locales
El Gobierno también otorgó nuevas herramientas a gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas para responder con mayor rapidez a la crisis. Un decreto les permite reorientar rentas de destinación específica, realizar modificaciones presupuestales y contratar créditos de tesorería para enfrentar insuficiencias de caja.
Estos créditos no podrán superar el 15 % de los ingresos corrientes del año fiscal en que se contraten y deberán pagarse antes del cierre de la vigencia fiscal siguiente.
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Además, las entidades territoriales podrán diferir sin intereses el pago de algunos tributos correspondientes a las vigencias 2026 y 2027 y establecer condiciones especiales para recuperar deudas, incluso con rebajas o condonaciones de intereses y sanciones.
¿En qué se invertirán los recursos?
La mayor parte de los recursos, 6,35 billones de pesos, será administrada por la entidad encargada de coordinar la gestión del riesgo y la recuperación temprana tras la emergencia.
Entre las inversiones previstas se destacan:
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1,6 billones de pesos para agricultura y desarrollo rural, destinados a acceso a tierras, alivios de deuda y recuperación de sistemas productivos.
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1,3 billones de pesos para vivienda, enfocados en reasentamientos y reparación de hogares afectados.
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1 billón de pesos para educación, con recursos para aulas temporales, mobiliario y kits escolares tras los daños en cientos de sedes educativas.
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626.220 millones de pesos para infraestructura de transporte y reconstrucción de puentes.
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878.587 millones de pesos para agua potable y saneamiento básico.
También se asignarán recursos adicionales a salud, programas sociales y atención a la infancia, con el objetivo de mitigar los efectos de la emergencia en las poblaciones más vulnerables.
Con este nuevo paquete fiscal, el Gobierno busca garantizar recursos suficientes para la atención inmediata de la crisis y la recuperación de las regiones afectadas por las inundaciones.
