Según documentos de la Fiscalía General de la Nación, alias “Barny”, Edinson Rodolfo Rojas, “Pichi” y Juan Camilo Rendón Castro “Peluso”, se comprometieron a la pacificación de tres barrios de la ciudad de Medellín a cambio de beneficios judiciales.
Así lo revela la entidad judicial, en el acta de una reunión realizada el 16 de febrero de 2016, y con el compromiso “presentación negociaciones con miras a beneficios jurídicos con miembros de la organización “La Oficina”, como lo indica el diario El Colombiano. En el acuerdo se estableció la reducción de homicidios y extorsiones.
Según la entidad los tres integrantes de bandas criminales se comprometieron a la pacificación de Castilla, San Cristóbal sector La Loma y un sector del Barrio Antioquia.
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En lo revelado por El Colombiano la coordinadora en Medellín de la Unidad de Delitos contra la Vida, Alexandra Vélez Rincón, habló de los "avances del proceso negocial adelantado con integrantes de la estructura delincuencial “La Oficina”. Ella envió a sus superiores un documento detallado sobre el tema y lo que ofrecieron los tres integrantes delincuenciales.
Vélez Rincón redactó de cómo el 29 de septiembre de 2015, ellos “aportan información relevante para contextualizar 7 homicidios ocurridos en el sector de la paralela de la ciudad de Medellín”. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, gracias a la colaboración, se permitió que el CTI encontrara "80 armas de fuego en zona rural del corregimiento de Santa Elena, Parque Arví”.
A su vez, se permitió la entrega del señor John Arley Londoño Patiño, alias “La Pecosa”, "quien tenía en su contra orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y extorsión”, entre otras informaciones.
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La misma directora de la Unidad de Vida de la Fiscalía en Medellín, habló de los beneficios que este tipo de información representaban para la seguridad ciudadana. Menciona la pacificación de los barrios deprimidos de Medellín, la recolección de armamento e inmuebles de las organizaciones delictivas, además de esclarecer asesinatos ocurridos en las zonas.
La funcionaria concluye en febrero de 2016 que los registros de homicidios en la capital antioqueña hablaban de 32 atribuidos al crimen organizado, lo cual con esta negociación se podría bajar gradualmente, " buscando un ambiente de tranquilidad”.
