El reciente caso del ciudadano estadounidense identificado como Timothy Alan Livingston, de 36 años y oriundo de Ohio, Estados Unidos, que ingresó a un hotel en Medellín con dos menores de edad ha desatado una ola de indignación y preocupación en la sociedad colombiana.
Este hecho, lejos de ser un caso aislado, pone de relieve una cruda realidad: la explotación sexual infantil, una lacerante problemática que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en el país.
El hombre fue encontrado con dos menores de 12 y 13 años en el hotel Gotham, ubicado en El Poblado, considerado uno de los más turísticos y adinerados de la ciudad de Medellín en donde la explotación sexual se ha vuelto parte del paisaje cotidiano preocupando a las autoridades.
Los hechos sucedieron el viernes 29 de marzo, cuando este ciudadano extranjero fue encontrados con las dos niñas a las que les habría pagado a cambio de favores sexuales. Sin embargo, aunque las menores fueron encontradas por la Policía dentro de una de las habitaciones del hotel en compañía del hombre, este no fue arrestado por no haberlo encontrado en flagrancia.
Este caso es solo la punta del iceberg de los cientos de casos de explotación en esta ciudad del país y en otras como Cartagena o Bogotá, por dar algunos ejemplos.
Un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) revela que entre 2020 y 2023 se registraron 1.264 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de explotación sexual o trata de personas con fines sexuales.
Bogotá encabeza la lista con 244 casos, seguida por Antioquia (172) y Valle del Cauca (119).
Detrás de estas cifras escalofriantes se encuentran factores como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades en los hogares colombianos.
"Estas condiciones abren las puertas a la vulneración de los derechos de los NNA", afirma Jimmy Jiménez, abogado del bufete Integrity Legal. En muchos casos, las familias, desesperadas por salir adelante, entregan a sus hijos a personas con poder económico a cambio de un sustento.
El Código de Infancia y Adolescencia establece mecanismos de protección para los NNA en condición de explotación.
El artículo 52 y siguientes contempla un proceso administrativo de verificación y, en caso de ser necesario, restablecimiento de derechos. Este proceso evalúa el entorno familiar del menor y las condiciones en las que vive, y determina si debe ser reubicado en un hogar familiar o de acogida.
El país necesita sanciones contundentes
El Código Penal colombiano también contempla duras penas para quienes atenten contra la integridad sexual de los menores. Los artículos 208, 209 y 210 establecen penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión para los delitos sexuales contra menores de edad.
La lucha contra la explotación sexual infantil requiere un esfuerzo conjunto. Las autoridades deben fortalecer las medidas de prevención, investigación y sanción de estos delitos.
La sociedad en su conjunto debe tomar conciencia de esta problemática y denunciar cualquier situación sospechosa. Solo así podremos proteger a los niños, niñas y adolescentes de este flagelo que afecta a nuestra sociedad.
Detrás de cada caso de explotación sexual infantil hay una historia de dolor y sufrimiento. Son niños y niñas que han sido privados de su infancia, de su inocencia y de su derecho a una vida plena. Es imperativo tomar medidas contundentes para erradicar esta práctica aberrante y garantizar la protección de los NNA en Colombia.
