La Justicia de Bolivia decidió ampliar de cuatro a seis meses la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, del exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, y del exministro de Energía, Rodrigo Guzmán. La solicitud fue realizada por la Fiscalía, la Procuraduría y Ministerio de Gobierno.
Tras la audiencia de apelación de medidas cautelares, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó que los riesgos procesales asociados al caso eran lo suficientemente altos como para motivar la extensión del periodo de detención de los imputados.
Los exfuncionarios fueron acusados de sedición, conspiración y terrorismo y enviados a prisión en la noche del pasado domingo. La Justicia dictó la detención preventiva de la expresidenta en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras que los exministros fueron remitidos a la cárcel de San Pedro.
En ese momento, la autoridad judicial encargada consideró que existían riesgos procesales de fuga y obstaculización, pero determinó que un lapso de seis meses era excesivo para el período de investigación.
Presuntas irregularidades en las elecciones de 2019
De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de que los acusados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos con relación a las elecciones presidenciales de 2019.
“Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados, impidieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, mas por el contrario las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, aseveró el Ministerio Público en la imputación de cargos.
“De esta manera posibilitaron que la Segunda Vicepresidenta del Senado asumiera la Presidencia (Áñez) de nuestro país de una forma amañada. Los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo Gobierno contrario al orden constitucional; esto, a la cabeza de Jeanine Áñez”, agregó.
En 2019, se desató un crisis social y política tras las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia. El entonces presidente Evo Morales fue acusado de fraude electoral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición política del país, y se produjeron protestas civiles durante tres semanas hasta que el 10 de noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, le sugirió al jefe de Estado que renunciara a su mandato presidencial.
Morales lo hizo y el 11 de noviembre la senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia, lo que generaría otra oleada de manifestaciones sociales contra el nuevo Gobierno.
El 15 de noviembre, en el desarrollo de intervenciones militares destinadas a controlar las protestas, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba (Cochabamba). El 19 de noviembre, en Senkata (El Alto), hubo otros 11 civiles muertos y 78 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos acontecimientos como masacres.
