Las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas por las autoridades israelíes tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud, serán liberadas y deportadas este martes, según confirmó la Cancillería de Colombia.
La canciller Rosa Villavicencio y el cónsul en Tel Aviv, Enrique Piñero, recibieron la autorización oficial del gobierno israelí para su salida del país, en medio de las gestiones diplomáticas que se adelantan desde Bogotá. De acuerdo con la información oficial, Manuela regresará a Colombia, mientras que Luna se reunirá con su esposo, un refugiado palestino, en Jordania, país al que serán trasladadas inicialmente.
Ambas mujeres fueron capturadas a bordo de la flotilla Global Sumud, interceptada por las fuerzas israelíes cuando se dirigía a entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El incidente provocó un llamado de atención de organizaciones internacionales y reavivó el debate sobre el bloqueo a la ayuda civil en medio del conflicto.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la noticia y destacó el papel de la diplomacia colombiana en el proceso:
La liberación se produce tras varios días de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Tel Aviv, marcados por los reclamos del Gobierno colombiano ante lo que considera una violación del derecho internacional. Colombia exigió desde el primer momento la liberación inmediata de sus ciudadanas, alegando que su labor era estrictamente humanitaria.
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La detención de Bedoya y Barreto se ha convertido en un nuevo punto de fricción en las relaciones entre Colombia e Israel, ya tensas por las críticas del presidente Gustavo Petro a la ofensiva militar en Gaza. Su liberación representa una victoria diplomática para el Gobierno colombiano, que logra repatriar a sus ciudadanas sin escalar el conflicto político.
Sin embargo, el episodio también deja al descubierto las implicaciones humanitarias y políticas del bloqueo a Gaza y la criminalización de iniciativas civiles de ayuda. La participación de ciudadanas colombianas en este tipo de misiones podría generar un mayor involucramiento del país en el debate internacional sobre el conflicto palestino-israelí, en un momento de redefinición de su política exterior.
Para la oposición, el caso servirá como termómetro de la efectividad del gobierno en la protección de sus ciudadanos en el exterior, mientras que para el oficialismo refuerza el mensaje de que Colombia quiere desempeñar un rol más activo en los asuntos globales desde una perspectiva de derechos humanos.
