Tras reportar movimientos de tierras en varios corregimientos del municipio de Copacabana, que dejaron afectadas a centenas de personas, las autoridades locales decidieron declarar de estado de calamidad pública y así priorizar la atención a los afectados y recibir mayores recursos para las obras de mitigación que tienen que realizar.
Desde el el año anterior en esta localidad del norte del Valle de Aburrá se han venido presentando reclamos por terrenos inestables que no han podido recibir atención debido a que las entidades administrativas han tenido otras prioridades. A mediados de 2018 se presentó una creciente, como consecuencia de un aguacero, que llevó a decenas de familias a expresar su preocupación por un posible deslizamiento y el 28 de diciembre se reportaron afectaciones en 70 viviendas.
No obstante, fue solo con el inicio de esta nueva temporada de lluvias en el país que los temores de los lugareños se alinearon con los de los funcionarios, luego de que se generaran graves afectaciones en viviendas, producto del movimiento de tierras.
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La cuenta de las personas afectadas llega a 264 y ya varias familias debieron ser evacuadas de sus viviendas y reubicadas para disminuir el riesgo ante una eventual emergencia mayor. En el censo también fueron incluídas 20 empresas que dependen actividades en la zona.
La principal alerta se reporta en la vereda Ancón II, que es cercana al río Medellín. Varias entidades de gobierno tendrán que asociarse para atender la situación, dado que el costo estimado de los estudios y reparaciones asciende a 784 millones de pesos. Funcionarios locales han comentado que esperan que el Gobierno Nacional se comprometa con destinar fondos para las reparaciones de las viviendas, la reubicación de los afectados y la estabilización del terreno.
En las últimas horas la administración municipal, en compañía de las autoridades del municipio vecino de Girardota, realizaron una reunión informativa con los habitantes de la vereda en la que les contaron el estado de emergencia actual, y acciones que han tomado para afrontarlas.
“Nuevos hechos han generado inestabilidad, demostrando que el deterioro de la zona avanza a gran escala, por tal razón se llevó a cabo la demolición de 2 viviendas, aunque quedan 3 más en riesgo”, contó el ente administrativo.
