Bajo un proyecto que buscaba lucrarse con dineros de la paz, varios políticos, entre ellos alcaldes, están enredados en caso de corrupción.
En plena temporada de elecciones presidenciales, Colombia muestra un nuevo caso de corrupción política. Para esta ocasión, se remonta a febrero de 2017, cuando se le dio luz verde a la Fiscalía de la nación a adelantar una nueva investigación sobre corrupción, a partir de órdenes judiciales se pudieron interceptar los celulares de alrededor diez personajes que ofrecían un negocio altamente lucrativo a diferentes alcaldes y empresas del sector privado.
Con más precisión, se les brindaba información para que pudieran tener aprobados millonarios fondos con el fin de desarrollar proyectos productivos sobre el proceso de paz y demás temáticas del posconflicto.
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Las personas implicadas podían llegar a pedir hasta el 20% del monto total por proyecto presentado en cuanto a contraprestación. Estos mismos llamaban a funcionarios del Gobierno en orden de conseguir datos específicos, logrando así más presencia. De hecho, según lo expuesto por la Fiscalía, existen conversaciones con funcionarios de consejerías presidenciales.
Una fuente de la Fiscalía le confesó a un destacado diario colombiano que, “Los audios revelan en forma descarada la distribución de porcentajes de los recursos destinados para la paz entre intermediarios, alcaldes y funcionarios”.
El fiscal Néstor Humberto Martínez presentó más detalles al presidente de la república, Juan Manuel Santos. Esto con el fin de presentar medidas que puedan proteger los fondos recibidos a partir de la paz y el posconflicto, dinero que proviene de países amigos, la banca multilateral y del presupuesto general.
Aquí es cuando entra uno de los temas presentados por los medios de Colombia en la última semana, ya que semanas atrás los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia solicitaron al Ministerio de Hacienda convocar una reunión extraordinaria para discutir el manejo que Colombia da a los más de 200 millones de dólares con los que sus países contribuyen para la construcción de la paz en el país.
El interés en los embajadores incrementó tras la salida de Marcela Huertas encargada de la Unidad Técnica de Colombia Sostenible por lo que pidieron explicaciones sobre el motivo por el que no se le renovó el contrato.
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Los tres embajadores elaboraron una carta que fue manejada con diplomacia e incluso escepticismo, pero las revelaciones dadas por el Fiscal finalmente confirmaron los intentos de manipulación en el manejo de información y recursos.
