Desde Riohacha, capital de La Guajira, la Defensoría de Pueblo hizo un duro llamado de atención a la institucionalidad para que se garanticen los derechos de la comunidad wayúu.
Carlos Alfonso Negret Mosquera abordó las graves problemáticas que están vulnerando el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad alimentaria y nutricional, así como el acceso al agua potable, de las comunidades indígenas, especialmente de los niños en este departamento, lo que se constituye para la entidad en "un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la Cidh".
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"A pesar del esfuerzo administrativo, técnico y financiero se requieren decisiones inmediatas que permitan que el accionar de las entidades públicas y privadas garanticen los derechos de toda la comunidad Wayúu", señaló Negret.
Además según el organismo se ha evidenciado un incumplimiento por parte de la autoridad que tiene a cargo tomar las medidas para garantizar los derechos de los niños, de mujeres gestantes y lactantes y de los adultos mayores, es por eso que señaló que es necesario evaluar y reformular las acciones para que con estas, se generen resultados más efectivos que conlleven a la protección de los derechos de los niños y de toda la comunidad.
Un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) señaló que entre los años 2012 al 2016 en este departamento fallecieron 244 niños y niñas por desnutrición y causas asociadas.
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La preocupación aumenta luego del informe publicado por el Instituto Nacional de Salud que indica que en lo que va de 2018, en ese departamento del país 16 menores han fallecido por desnutrición, es por eso que el defensor señaló que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) "no funcionó", por lo que le solicitó al Gobierno Nacional que ese programa de alimentación vuelva a ser dirigido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
