Tras conocerse que un juez de la República decidió adoptar medidas cautelares para el proyecto Hidroeléctrico de Ituango, Empresas Públicas de Medellín (EPM) se defendió y dijo que usará los recursos legales que tenga a disposición.
En primera instancia, la empresa aseguró que era respetuosa de las decisiones judiciales. Sin embargo, inmediatamente comentó su descontento con esta decisión.
La compañía adelantó que había interpuesto "de forma inmediata los recursos en relación con la decisión del juez".
EPM señaló que la petición de la Fiscalía para estas medidas cautelares no había sido el detonante principal del fallo judicial, sino que este estuvo relacionado con la solicitud de conformar una mesa técnica.
En esta se pidió que se incluyeran tanto a representantes de la comunidad como a organismos técnicos y ambientales del Estado. El fin era estudiar la estabilidad de la obra y del maciso rocoso.
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Al respecto, la compañía encargada del proyecto comentó que desde 2018 ejecuta un contrato mediante el cual hace estudios similares a los que llevaría la mesa técnica integral.
Esto, según comentaron, los iniciaron a petición de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
No hay mesa, pero sí reuniones
EPM afirmó que ha mantenido unas 250 sesiones en los Puestos de Mando Unificado conformados en los que hacen presencia las Fuerzas Armadas, entidades de control, instituciones técnicas y organismos administrativos. Así mismo, comentó que cuenta con un plan "de comunicación y relacionamiento", en el que incluyen a la comunidad. Mediante este les cuentan algunos de los avances en la obra y los educan en lo que deben hacer para eventuales emergencias.- Le puede interesar: Planta invasora cubre parte del Cauca por Hidroituango
