El fiscal Eduardo Montealegre explicó que la millonaria contratación que ha hecho la entidad que dirige, y que ha sido calificada como una nómina paralela, obedece a atender las múltiples demandas que tiene la Fiscalía.
“Las demandas acumuladas en la última década contra la Fiscalía se estiman en $35 billones de pesos. Ese es el valor de las pretensiones económicas de más de 14 mil procesos interpuestos contra la entidad. Si no atendemos adecuadamente esos casos y los perdemos, tendríamos que entregar el equivalente a casi nueve años del presupuesto de la Fiscalía, sin contar indexaciones ni intereses. Es una deuda que el Estado no puede pagar”, dijo.
En entrevista concedida a El Espectador, el fiscal general justificó la contratación de exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Natalia Springer.
“Los exmagistrados contratados son especialistas en áreas del derecho que tienen relación con las demandas. También hay otros contratos con abogados que los medios no registran porque no son conocidos. Son sobradas las razones para tener una planta externa que fortalezca la defensa judicial de la entidad porque conduce a la protección del patrimonio público
(…) creamos una dirección que investiga contextos. Y necesitábamos la experiencia de personas reconocidas en esos tribunales que nos ayudaran a implementar la herramienta. Natalia Springer y su grupo de trabajo, integrado al menos por 20 personas de diversas disciplinas, han hecho aportes fundamentales”.
De igual manera, Montealegre aseguró que no asistirá al debate de control político en el Congreso de la República que citó el uribismo, porque la Corte Constitucional ha sostenido en varias oportunidades que el Legislativo no tiene competencia para citar al Fiscal General.
