El Fiscal General, Nestro Humberto Martínez, le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en cual lo alerta sobre una posible red de contratistas e intermediarios corruptos que estarían detrás de los recursos destinados a los proyectos productivos contemplados en los Acuerdos de Paz. Los contratistas estarían recibiendo la información de los proyectos de Gobierno y anticipándose para ganar la adjudicación con sobornos a los funcionarios encargados de administrar los dineros. La recomendación de la Fiscalía al presidente fue intervenir los procesos de contratación. Esta intervención podría retrasar aún más la inversión de proyectos productivos de los desmovilizados de las Farc, de los cuales solo uno ha recibido dineros. "Sugiero al señor presidente se disponga la intervención de dichos procesos con miras a asegurar que los mismos cumplen los dictados de una contratación objetiva, ajena a prácticas deshonrosas, que permita que la totalidad de los recursos disponibles se invierta integralmente en el financiamiento de proyectos que faciliten la reinserción de los miembros de las Farc a la actividad productiva lícita", se lee en la misiva. El problema va más allá. Al parecer las mismas interventoras encargadas de verificar los procesos de contratación están coptadas por esta red delincuencial. Pero la información es confidencial y la única revelación es la que ha hecho el Fiscal a través de la carta. [single-related post_id="852998"] "Las averiguaciones realizadas revelan la existencia de procesos de direccionamiento de contratos, así como un alto grado de opacidad en los procesos de selección relacionados con estos proyectos de inversión, al punto que no existe información de público acceso a los mismos en las páginas web oficiales destinadas para esos fines", se lee en la carta del Fiscal. Esa situación ha complicado las labores investigativas del ente acusador que llevan 1 año adelantándose, recaudando la información que le fue llegada al presidente. La conclusión principal es que dichos contratistas querían quedarse con parte de los contratos. "Sugiero al señor presidente se disponga la intervención de dichos procesos con miras a asegurar que los mismos cumplen los dictados de una contratación objetiva, ajena a prácticas deshonrosas, que permita que la totalidad de los recursos disponibles se invierta integralmente en el financiamiento de proyectos que faciliten la reinserción de los miembros de las Farc", se lee en la misiva. Esta advertencia surge luego de que países donantes para la implementación de los acuerdos de paz solicitaron al Gobierno información sobre la administración de los dineros entregados. Entre ellos los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza quienes solicitaron al Ministerio de Hacienda convocar una reunión extraordinaria para discutir el manejo que Colombia da a los más de 200 millones de dólares con los que sus países contribuyen para la construcción de la paz en el país.