La jefa del Gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, declaró este martes que el proyecto de ley de extradición, que ha generado oposición de diferentes sectores de la sociedad hongkonesa, está “muerto”.
“Siguen existiendo dudas sobre la sinceridad del gobierno, o preocupaciones sobre el hecho de que el gobierno pueda relanzar el proceso ante el Consejo Legislativo [Parlamento local]. Así que me gustaría repetir aquí que no existe tal plan. El proyecto de ley está muerto”, aseguró Lam.
Aunque Lam, no dejó claro si el proyecto de Ley se retira definitivamente, aseguró que el acto legislativo no tiene la intención de seguir con su tramitación.
“En cierta medida, si se retirara hoy, podría volver al Consejo Legislativo en tres meses. Quizás los habitantes quieren escuchar algo muy determinante y decisivo. Pues ‘el proyecto de ley está muerto’ es una declaración bastante determinante”, manifestó Lam.
Tensas manifestaciones
Durante las últimas semanas, Hong Kong ha sido territorio de una profunda crisis política, esto por motivo del rechazo a la ley de extradición.
Como consecuencia, algunos casos terminaron en violentos enfrentamientos entre policías y una minoría de manifestantes. Movilizándose contra dicha posibilidad, ese día se manifestaron más de un millón de personas, según los organizadores, mientras que la Policía redujo la asistencia a 240.000.
El domingo 9 de junio, Hong Kong se echó a la calle en masa para mostrar su rechazo a dicha iniciativa, que permitiría la extradición a China continental para los reclamados por ciertos delitos.
Las autoridades aseguran que las extradiciones serían solo para delitos de sangre y violentos penados con más de siete años de cárcel, como crímenes y violaciones.
Pero la mayoría de los hongkoneses teme que dicha ley les merme sus libertades, mayores que en el resto del país, y su independencia judicial, reconocida por el modelo de «un país, dos sistemas» establecido tras la devolución a China por parte del Reino Unido en 1997.
Además, a los hongkoneses les espanta la mera idea de ser juzgados en los tribunales de China, que están al servicio del autoritario régimen del Partido Comunista y donde el 99,92 por ciento de los casos acaba en condena.
