La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Chía, Guillermo Varela Romero, por presuntas irregularidades con un contrato de aprovisionamiento por cerca de $ 19.00
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Chía, Guillermo Varela Romero, por presuntas irregularidades con un contrato de aprovisionamiento por cerca de $ 19.000 millones, mediante el cual se pretendía el diseño, construcción y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Chía I Delicias Sur.
El ente formuló tres cargos al exmandatario municipal, al parecer, por haber suscrito el contrato No. 2015- CT381 del 18 de noviembre de 2015, celebrado con Gehs Global Environment and Health Solutions de Colombia, haciendo uso de la causal de contratación directa consistente en no existir pluralidad de oferentes en el mercado, conducta con la cual posiblemente desconoció los principios de transparencia y selección objetiva que regulan la contratación estatal.
De igual forma, el segundo cargo hace referencia a la suscripción del contrato sin contar con los estudios técnicos y económicos precisos.
Finalmente, el tercer cargo es por haber ordenado el 23 de noviembre de 2015, la entrega de un anticipo por más de $17.000 millones para efectos de la adquisición e importación de los bienes, objeto de contratos de aprovisionamiento número 2015 – CT381, al parecer, dicho ejercicio habría aumentado en un 50% lo legalmente autorizado.
En el mismo acto, también fueron vinculados a la investigación el exsecretario de Obras Públicas del municipio, Rafael Antonio Ballesteros y el exjefe de la Oficina de Programación de la dependencia, Mauricio Enrique Cabrera Marín.
Frente a estos casos, el órgano de control les formuló cargos por participar en la etapa precontractual con posible desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. Al parecer, los disciplinados aprobaron los estudios y documentos previos y profirieron la Resolución No. 3397 de noviembre 4 de 2015, por medio de la cual justificaron el uso de la contratación directa para el negocio jurídico.
La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas de los disciplinados como gravísimas y graves a título de dolo.
