El procurador General de la Nación, Fernando Carillo Flórez, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud que adelante una intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás.
Uno de los argumentos del jefe del ministerio público es que con esta medida se busca garantizar los derechos a la salud y la vida de los usuarios de la EPS.
En comunicación al superintendente, Fabio Aristizabal Ángel, el jefe del ente de control alertó sobre las cifras entregadas en el informe del Contralor con funciones de Revisor Fiscal, en el que se señala que la EPS tiene pérdidas mensuales por más de 108 mil millones de pesos, los pasivos ascienden a 2.8 billones de pesos y el patrimonio negativo es de -$1,02 billones, lo que la deja incursa en causal de liquidación.
“Los hallazgos descritos confirman que la medida de vigilancia especial y demás actuaciones desarrolladas por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2017, han resultado inocuas, y por el contrario, a la fecha se evidencian agravadas las condiciones de incumplimiento de la Capacidad Científica; la Capacidad Técnico Administrativa y la Capacidad Tecnológica necesarias para que Medimás E.P.S. S.A.S pueda operar como Entidad Promotora de Salud”, se lee en el comunicado de prensa emitido por la Contraloría.
El Procurador insistió en la alerta sobre la práctica irregular de entrega de anticipos a las IPS Procardio y Miocardio, accionistas de Prestnewco S.A.S., propietaria de Medimás, a las que se les transfieron recursos con los cuales se pagaron porcentajes de las cuotas derivadas de la adquisición de acciones de Cafesalud S.A. y Esimed S.A., así como a otras IPS que reciben pagos del sistema de salud y no prestan los servicios.
En ese sentido, cuestionó que no se conozcan los acciones de la Supersalud orientadas a evitar la pérdida de recursos públicos, calculados en más de $211.830 millones, que fueron girados como anticipos a IPS y se estima que no podrán ser recuperados. El 75% de esos recursos fueron transferidos a las IPS accionistas de Medimás.
”Medimás ha legalizado anticipos por $98.460 millones de pesos, al parecer, sin efectuar auditoría de cuentas, conducta reprochada por este organismo de control y también puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que representa un grave riesgo de desvío de los recursos públicos de la seguridad social en salud administrados por la EPS”, advirtió la comunicación.
