Procuraduría suspende a gerente de la Lotería del Tolima

15 de agosto del 2018

La Procuraduraría General de la Nación suspendió a Martha Patricia González Amaya, gerente de la Lotería del Tolima, por trato irrespetuoso a un representante del Ministerio Público. La suspensión de la servidora pública tendrá una duración de tres meses debido a la atención descortés e irrespetuosa a un Procurador Judicial Administrativo de Ibagué, quien había […]

Procuraduría suspende a gerente de la Lotería del Tolima

La Procuraduraría General de la Nación suspendió a Martha Patricia González Amaya, gerente de la Lotería del Tolima, por trato irrespetuoso a un representante del Ministerio Público.

La suspensión de la servidora pública tendrá una duración de tres meses debido a la atención descortés e irrespetuosa a un Procurador Judicial Administrativo de Ibagué, quien había acudido a las dependencias de la Lotería del Tolima, con el fin de practicar una visita preventiva al comité de conciliación de la entidad.

Aunque la visita se realizó en cumplimiento de las funciones propias del cargo del Procurador Administrativo y fue oportunamente informada a la gerencia, “durante la diligencia realizada en el mes de julio de 2017, González Amaya solicitó al funcionario, de manera descortés, que presentara el acto administrativo mediante el cual se le comisionaba para adelantar la visita, y ante su manifestación de no contar con este documento por corresponder al desarrollo normal de sus funciones, decidió no atenderlo”, según el boletín 386 de la Procuraduría.

En consecuencia, la Procuraduría General argumenta la suspensión bajo los siguientes puntos: obstrucción al desarrollo de una labor que por mandato legal y reglamentario, le correspondía ejercer al agente del Ministerio Público; incumplimiento de sus deberes de tratar con respeto e imparcialidad a las personas con quienes tiene relación por razón del servicio y no permitir al Ministerio Público el acceso a la información solicitada.

Las normas transgredidas por Patricia González, fueron citadas por la Procuraduría Regional del Tolima, por lo cual se calificó su conducta como grave a título de culpa gravísima. Estas, están en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que exige a todo servidor público cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, entre otros.

El boletín también afirma que el apoderado de la funcionaria sustentó la apelación en contra del fallo de primera instancia, recurso que le fue concedido y remitido a la Procuraduría Delegada para la vigilancia administrativa.

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