El gobierno colombiano rechazó la decisión de Venezuela de imputar cargos de terrorismo, falsificación de documentos y asociación para delinquir a 59 colombianos que permanecen detenidos desde hace más de dos años en Caracas.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio colombiano de Exteriores informó que, tras conocerse la medida, le dio instrucción a la embajadora de este país ante las Naciones Unidas en Ginebra, Adriana Mendoza Agudelo, para contactar a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
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No obstante, la diplomática fue recibida por el director encargado de esa oficina, Adam Abdelmoula, puesto que la comisionada “Bachelet no se encontraba en Ginebra”, informó el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.
Durante la reunión, la embajadora Mendoza expresó “el rechazo del Gobierno colombiano a esas decisiones, ya que se trata de nuevos acontecimientos relacionados con la detención arbitraria de esos compatriotas” que están en “muy precarias condiciones”.
Según Trujillo, Abdelmoula expresó que es un caso prioritario para la oficina de la Alta Comisionada, “al cual se le está haciendo seguimiento”, al tiempo que manifestó que dentro de las competencias de ese organismo “se informará de inmediato a la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en Caracas para que haga seguimiento al tema y tome las medidas pertinentes”.
La Cancillería del país andino informó sobre las acciones que ha realizado para atender este caso, incluidas 94 notas verbales ante el Gobierno venezolano y el Ministerio de Exteriores, invocando la legítima protección de los derechos humanos; más de 80 visitas consulares y de otro tipo para proporcionarles alimentos, medicinas y elementos de aseo personal, así como 36 reuniones con las autoridades venezolanas, entre otras.
El jueves la justicia venezolana imputó dichos cargos en contra de los ciudadanos colombianos, señalados de ser “paramilitares”.
Los connacionales, arrestados en diferentes operativos entre agosto y septiembre de 2016, siguen tras las rejas sin pruebas en su contra en la cárcel de Yaguara, en la capital venezolana, pese a que un juez había ordenado su liberación en noviembre de 2017.
Además, en octubre pasado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su “profunda preocupación” por la situación e instó al gobierno de Nicolás Maduro a que cumpla la orden judicial.
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