El Ministerio Público de Panamá emitió en las últimas horas varias condenas en la Provincia de Colón, las cuales tienen que ver principalmente con el asesinato de una mujer y con delitos de pandillerismo.
En el primer caso, Ormelis Ismael Delgado Góndola fue condenado 18 años de prisión, mediante una condena que fue lograda tras un acuerdo de pena, celebrado en una audiencia realizada ante el Tribunal de Garantía de la provincia de Colón.
"Delgado Gondola fue acusado y judicializado por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio agravado en perjuicio de Tabita Diamantina Pomare", aseguró el Ministerio Público en una nota de prensa.De igual forma se le otorgó al acusado una pena accesoria que inhabilita al acusado para ejercer cargos públicos por un periodo de 9 años, una vez haya cumplido la pena principal. [single-related post_id="1225251"] La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la provincia de Colón, representada por la fiscal Cristobalina Chambers, dentro del proceso penal, llegó este acuerdo de pena con el imputado y su defensa, mientras que la condena fue válida por el Tribunal de Garantía.
30 judicializados por pandillerismo
En uno de los delitos que más azota a la juventud panameña, el Juzgado Tercero de Colón declaró penalmente responsables a 30 miembros que integraban la pandilla ‘Niños de la Tumba Fría’ y condenó a cada uno a 5 años de prisión por el delito de pandillerismo. [single-related post_id="1224541"] Según informó el director de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, Nahaniel Murgas, esta banda delictiva mantenía el control territorial de Barrios Sur, en la provincia de Colón.“Este grupo fue desarticulado a través de una operación desarrollada en el año 2016, por el Ministerio Público y la Policía Nacional”, expresó el fiscal Murgas.Nahaniel Murgas también aclaró que con esta condena el Ministerio Público reafirma con la comunidad panameña su compromiso de seguir luchando por la tranquilidad de la ciudadanía y de llevar ante la justicia a los responsables de hechos que atenten contra el bienestar y la tranquilidad de la población.
