Acuerdo de Escazú superó tercer debate y quedó a uno de ser ratificado

28 Septiembre 2022, 01:56 PM
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Con 14 votos a favor y 3 en contra, la ratificación del Acuerdo de Escazú avanza a su cuarto y último debate en la Cámara.

Este 28 de septiembre, en la Comisión II de la Cámara de Representantes se debatió y aprobó en tercer debate la ratificación del Acuerdo de Escazú. Con 14 votos a favor, la iniciativa ahora pasará a su último debate y deberá ser votado por la plenaria de la Cámara en los próximos días.

El acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional con el que la nación se compromete a brindar información pública, clara y oportunarespecto a temas  ambientales para toda la población.

La Representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, expresó su conformidad con la aprobación y señaló que es un gran logro en materia de derechos para los líderes ambientales del país.

“Yo aplaudo que hayamos por fin dado este debate y que tengamos esta buena noticia y es que finalmente el Acuerdo de Escazú pasa a último debate en la Cámara de Representantes para que sea finalmente ratificado como ya lo han hecho 13 países a nivel internacional”, destacó la congresista.

Por su parte, el representante David Racero también se pronunció respecto a este logro para la protección ambiental en Colombia.

“Lo aprobamos. Falta un último debate en plenaria de Cámara. Espero en 15 días poder agendarlo y votarlo!”, aseguró Racero por medio de su cuenta en Twitter.

El Acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional que estipula los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en este mismo campo y la protección de los líderes ambientales.

Este compromiso internacional, también solicita a que las autoridades ambientales competentes generen y difundan información, en formatos inclusivos para las poblaciones, relacionada al estado medio ambiental de las zonas. Por su parte, también implica que el sector privado adopte las medidas necesarias para “promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente”.

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