El proyecto que busca la excarcelación de mujeres cabeza de hogar que hayan cometido delitos leves por condición de vulnerabilidad, fue aprobado en segundo debate en la plenaria del Senado de la República.
La iniciativa busca que las mujeres que sean cabeza de familia, condenadas por delitos menores o a menos de seis años de prisión, puedan acceder a penas alternativas excarcelables como el servicio social y comunitario.
“Este es un proyecto que busca establecer acciones afirmativas en materia penal, criminal y penitenciaria para mujeres madres cabeza de hogar que hayan cometido delitos leves, sin empleo de la violencia y que por supuesto lo hayan hecho por o en razón de sus condiciones de pobreza y tengan a su cargo hijos”, explicó el senador Rodrigo Lara, ponente de la iniciativa.
El proyecto cobija los delitos que no hayan implicado violencia, y a mujeres que no sean reincidentes. Según el senador Lara se incluyen actividades delictivas como “hurto simple; tráfico o financiación de plantaciones de 20 hectáreas, sin sobrepasar 100 para pequeños cultivadores de coca; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en pequeñas cantidades; destinación ilícita de bienes o inmuebles, para penas inferiores a seis años y cuando la comisión de los delitos están asociados a vulnerabilidad”.
Las penas alternativas serán consideradas por un juez de control de penas, quien deberá evaluar que la mujer sindicada no tenga antecedentes, analice las condiciones psicológicas y del delito para determinar la peligrosidad y establezca una pena alternativa.
Según Lara, las penas alternativas pueden ser para resarcir el daño, a través de servicio en instituciones públicas, organizaciones sociales u ONG, que establezcan acuerdos con el Ministerio de Justicia para recibir a las mujeres condenadas en horarios que no podrán exceder los laborales.
“No olvidemos que el 54.3% de las mujeres presas eran las encargadas de cuidar a sus hijos antes de entrar a prisión. Por consiguiente condenar a una mujer a prisión por un delito menor donde no medie la violencia no se justifica, pero sobre todo es una doble pena, una pena para ella y una pena para sus hijos”, aseguró Lara.
El ponente afirmó que se ha identificado una “feminización” de los delitos de tráfico de drogas, que en cifras se traduce en 3.600 mujeres presas por narcotráfico, de las cuales el 43% fue imputada por venta, 44% por transporte, 15% por almacenamiento.
En ese sentido, la senadora Emma Claudia Castellanos, que es autora de la iniciativa, propuso una modificación al texto para disminuir la vulnerabilidad de las mujeres respecto a las bandas criminales de narcotráfico y microtráfico.
1. Promover medidas de prevención contra los delitos de tráfico de estupefacientes, y otros relacionados en los diferentes centros de interacción de las mujeres cabezas de familia; sean centros educativos o lugares de trabajo para prevenir la utilización de ellas por parte de las redes criminales del narcotráfico.
2. Articular la oferta institucional actual de programas que favorezcan a mujeres cabezas de familia con alternativas diferentes al delito.
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El senador Lara también expuso las cifras de la criminalización de mujeres que sustenta la importancia del proyecto. Según indicó el 66,9% provienen de los estratos más pobres, 74.9% son madres cabezas de hogar, 22% de las mujeres presas han sido víctimas de violencia sexual, 47% de violencia física, el 56% no había terminado la secundaria. Respecto a los delitos, el 14.9% se encuentra en prisión por hurto y 13.4 % por tráfico.
