El Gobierno de Gustavo Petro ha reactivado su iniciativa de Consulta Popular, ahora en una versión “2.0”, con 16 preguntas que buscan validar en las urnas los pilares de su agenda reformista.
La consulta fue radicada el lunes 19 de mayo por los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Armando Benedetti (Interior) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), ante el secretario general del Senado, Diego González, en medio de un ambiente de alta tensión política.
Pero más allá de la puesta en escena, el contenido del documento ha desatado una nueva ola de críticas, particularmente porque varias de las preguntas incluidas, según congresistas y expertos, ya están contempladas en el marco legal vigente. Esto ha llevado a una pregunta clave: ¿está el Gobierno haciendo campaña con propuestas ya legisladas?
¿Qué contiene la consulta?
La nueva versión de la consulta incluye 16 preguntas, tres más que la propuesta anterior, que fue rechazada por el Congreso el pasado 14 de mayo. Las nuevas preguntas se sumaron el mismo día en que la Comisión Cuarta del Senado realizaba su primera audiencia pública sobre la reforma laboral. Entre los temas que aborda la consulta están la reforma laboral, el nuevo modelo de salud y la producción estatal de medicamentos.
El objetivo del Ejecutivo es claro: llevar al electorado los temas que el Congreso no ha querido aprobar. No obstante, expertos y opositores han señalado que esta estrategia no solo es ineficaz, sino también engañosa.
¿Hay preguntas que ya están en la ley?
La representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, fue una de las primeras en advertir que las preguntas 13, 14, 15 y 16 de la consulta popular ya están incluidas en leyes existentes o se han comenzado a implementar sin necesidad de validación ciudadana.
Estas preguntas son:
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¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?
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¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras y se transformen en gestoras de salud?
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¿Está de acuerdo en un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo?
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¿Está de acuerdo en un régimen laboral especial para trabajadores de la salud, con garantías de formalización y salario justo?
“Es carreta del Gobierno”, escribió Juvinao en su cuenta de X. “Ya no disimulan que lo único que quieren es hacer campaña con los recursos públicos”, añadió.
Críticas desde el ámbito económico
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo también se sumó a las críticas, calificando las nuevas preguntas como un gasto innecesario que bordea el uso político de los mecanismos de participación. “Agregar preguntas que ya están en la ley no tiene sentido. Esto es una campaña electoral financiada con plata del Estado. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se utilicen estas consultas como herramientas populistas?”, cuestionó el ahora rector de la Universidad EIA.
Restrepo además subrayó que la consulta podría costar al país cerca de un billón de pesos, recursos que podrían destinarse a sectores como salud o educación.
¿Populismo sanitario?
Alejandro Gaviria, exministro de Salud, fue más allá al calificar el contenido de algunas preguntas como “el anticipo a un desastre”. Cuestionó especialmente la intención de nacionalizar la producción y distribución de medicamentos, sin que el Estado tenga claras las capacidades o infraestructura para hacerlo.
“¿Quién va a estar en contra de que se entreguen medicamentos a tiempo? Pero esa no es la pregunta de fondo. Lo que se insinúa es una transformación completa del sistema sin claridad institucional ni financiera. Esto es una forma de populismo profundamente antidemocrática”, sostuvo Gaviria.
También alertó sobre los riesgos de eliminar a las EPS como intermediarias, lo que podría derivar en una centralización ineficiente de la administración de salud, replicando los problemas del sistema de los maestros, uno de los más cuestionados del país.
¿Consulta o campaña?
Más allá de la controversia legal, el debate de fondo gira en torno al uso del mecanismo de consulta como vía alterna para aprobar reformas que no cuentan con respaldo en el Congreso. La oposición ha acusado al Gobierno de usar el proceso como una “estrategia de campaña” con recursos públicos, en un año preelectoral que ya se anticipa altamente polarizado.
Mientras tanto, el país se prepara para un posible referendo con preguntas que, según expertos, podrían estar respondiendo más a una agenda política que a necesidades reales del sistema legal o institucional colombiano.
La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la viabilidad jurídica de esta consulta. Lo que está claro es que, por ahora, el debate no es solo técnico, sino profundamente político.
