El Consejo de Estado admitió una segunda demanda en contra de David Racero, que solicita la pérdida de su investidura, por presunto uso indebido de recursos públicos a través de la destinación de un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a labores particulares.
La acusación central se basa en que uno de los integrantes de su equipo legislativo habría sido asignado, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, a trabajar en un negocio de frutas y verduras de propiedad del congresista, ubicado en el barrio Villa Luz, en el occidente de Bogotá. De comprobarse esta conducta, podría configurarse una causal de pérdida de investidura por indebida destinación de fondos públicos, según los lineamientos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
La demanda fue asignada al despacho del magistrado Freddy Ibarra Martínez, quien también conoce de un proceso anterior en contra del congresista por hechos similares. La intención de la alta corte es acumular ambas demandas para ser tramitadas conjuntamente, lo que podría acelerar una eventual decisión sobre el futuro político de Racero.
Más allá del Congreso: investigaciones paralelas
Este nuevo proceso judicial se suma a otras investigaciones que se adelantan en su contra, esta vez desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Estas pesquisas buscan establecer si hubo uso indebido de personal público y si en el negocio mencionado se incurrió en irregularidades laborales.
Entre las pruebas presentadas se encuentran audios en los que el conductor de Racero, también vinculado a su UTL, hace referencias explícitas a tareas relacionadas con la operación del establecimiento comercial. También se anexaron conversaciones que habrían tenido lugar entre Racero y uno de sus asistentes, en las que se coordinarían asuntos del negocio.
Los demandantes sostienen que los hechos no han prescrito, dado que la acción fue presentada el 13 de mayo de 2025, dentro del plazo legal. Con la admisión de esta demanda, los plazos procesales se suspenden mientras se avanza en la recolección y valoración de pruebas.
Reacciones políticas y defensa de Racero
El caso ha generado un fuerte eco en el escenario político nacional. Varios sectores han criticado la aparente incongruencia entre los postulados del congresista y las acusaciones en su contra. El senador Humberto de la Calle calificó los hechos como graves, mientras que figuras como Vicky Dávila cuestionaron el silencio de algunos líderes del Pacto Histórico, coalición política de la que Racero hace parte.
El presidente Gustavo Petro también se refirió al escándalo de manera indirecta, publicando un mensaje en sus redes sociales en el que condena la explotación laboral dentro del Estado. Aunque no mencionó a Racero, sus palabras fueron interpretadas como una señal de distanciamiento frente al caso.
Por su parte, el representante ha negado enfáticamente las acusaciones y calificó la denuncia como parte de una estrategia de desprestigio. “Se trata de un caballo de Troya para dañar mi imagen pública. No ha habido ninguna instrucción de mi parte para que miembros de mi equipo hagan tareas por fuera de sus funciones”, afirmó en un comunicado reciente.
En manos de la justicia
El proceso judicial entra ahora en una etapa decisiva. El Consejo de Estado deberá analizar si las pruebas presentadas son suficientes para determinar la configuración de la causal de pérdida de investidura. En paralelo, la Corte Suprema continuará con las indagaciones penales y disciplinarias.
Mientras tanto, el escándalo ha dejado una sombra sobre el congresista, quien hasta ahora se había destacado como una de las voces más visibles del oficialismo en la Cámara de Representantes. La acumulación de demandas y el avance de los procesos podrían definir no solo su permanencia en el Legislativo, sino también su viabilidad como figura política en el mediano plazo.
