El proceso judicial contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, dio un giro decisivo luego de que la Corte Suprema de Justicia anunciara la apertura de una investigación formal en su contra y lo citara a indagatoria por el presunto delito de discriminación.
El caso se remonta al 6 de noviembre de 2024, cuando durante una manifestación en el Congreso de la República el congresista fue grabado colocando en bolsas de basura unas botas que hacían parte de la obra ‘Mujeres con las botas bien puestas’, instalada en la Plaza Rafael Núñez como homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos.
En redes sociales, Polo Polo justificó su acción con fuertes declaraciones: “¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Esa cifra no puede ser soportada ni por Justicia y Paz, ni por la Fiscalía, ni por la JEP”.
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La reacción de las víctimas y organizaciones
El gesto fue interpretado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por organizaciones de víctimas como un acto de estigmatización y odio hacia quienes han denunciado los crímenes de Estado.
Las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) interpusieron acciones legales contra el representante. En su cuenta de X anunciaron: “Mañana firmaremos denuncia penal y queja disciplinaria contra el señor @MiguelPoloP. Esto apenas comienza. No permitiremos que nadie más se burle de nuestro dolor y del de más de 6.402 víctimas”.
El respaldo hacia Mafapo creció rápidamente en redes sociales, donde ciudadanos ofrecieron apoyo jurídico gratuito y acompañamiento en defensa de la memoria de los jóvenes asesinados.
Denuncias desde el Congreso
La controversia escaló al escenario político. El senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que radicaría denuncia penal y queja disciplinaria contra Polo Polo por hostigamiento y discriminación agravada. “Fue una afrenta contra las Madres de Soacha, en el homenaje a sus hijos en el Congreso”, escribió Cepeda en X.
A su voz se sumó la senadora María José Pizarro, quien calificó las ejecuciones extrajudiciales como crímenes de lesa humanidad y pidió no revictimizar a las familias: “Sus madres no pueden ser revictimizadas por personas que ostentan un cargo público. Quienes hemos luchado por la memoria, la verdad y la justicia no aceptaremos este tipo de comportamientos”.
Un caso que sigue generando polémica
La investigación de la Corte Suprema marca un punto clave en el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a las víctimas del conflicto armado. Mientras las víctimas exigen respeto y justicia, el caso de Miguel Polo Polo podría sentar un precedente en materia de responsabilidad política y judicial por actos de discriminación dentro del Congreso de la República.
