Hay 2.386 colombianos inscritos como candidatos al congreso y Parlamento Andino, que se encuentran en el momento más importante de su campaña, a menos de 20 días del llamado a las urnas. Todos los partidos con candidatos al Legislativo han solicitado apoyo en seguridad para algunos de sus miembros y sus sedes. Los ojos de la seguridad del Estado están puestos en evitar hechos que lamentar contra cualquiera de los líderes en la correría política, más cuando se trata de mostrar que existen garantías para cualquier actor, sin importar su ideología. Hasta ahora no ha habido algún acto de gravedad contra algún candidato.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, detalló a KienyKe.com los esquemas de seguridad que benefician a casi 300 candidatos, con sus características, costos y argumentos para conceder dicho servicio.
Además, este medio digital obtuvo informes de riesgo actualizados de la Misión de Observación Electoral, MOE, que ponen alertas sobre inminentes escenarios de violencia o fraude en determinados sectores del país.
El panorama, en resumidas cuentas, no es del todo alentador. El peligro extremo por violencia sigue, como en los últimos siete años, en sectores como Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander y el Urabá antioqueño. El riesgo medio y alto cobija a casi todo el resto de Colombia. Solamente en sectores de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, Amazonas el Eje Cafetero no hay alarmas al respecto. De allí que muchos de los candidatos en provincia deban ser altamente custodiados.
“Jamás en la historia de Colombia había habido tanta protección para los candidatos”
Andrés Villamizar asegura que “nunca, jamás en la historia de Colombia, había habido tanta protección para los candidatos, y eso a pesar de que ahora es el momento más seguro de la historia de Colombia, más seguro que hace cuatro años y más seguro que hace 8 años”.
Según sus informes, la Unidad Nacional de Protección ha recibido 302 solicitudes de los partidos para proteger a sus candidatos y han atendido 291, casi la totalidad. “Eso no implica que los 291 candidatos estén amenazados. Prácticamente la totalidad de los esquemas asignados son preventivos, sin que medien amenazas”.
Villamizar explica que la mayoría de auxilios para la protección de candidatos han beneficiado a agrupaciones de oposición al actual gobierno. “El que más tiene escoltas y medidas de protección es precisamente el Centro Democrático, que es el más radical opositor al gobierno. Otras agrupaciones con altas medidas de protección son para el Polo y la Unión Patriótica”, añade sin desconocer que otras agrupaciones de la Unidad Nacional también han solicitado esquemas de protección.
Hasta mediados de febrero, el Centro Democrático había hecho 67 solicitudes de esquemas de seguridad, el Partido Liberal 40 peticiones (especialmente para candidatos en provincias), el Polo Democrático Alternativo con 18, los conservadores con 15, el movimiento Mira 14, el partido de La U 11 y Cambio Radical con 4 solicitudes.
El partido o movimiento político es el que hace la solicitud a las autoridades para pedir la protección de alguno de sus candidatos. La UNP, adscrita al Ministerio del Interior, evalúa factores como la ubicación geográfica del ciudadano que pide protección, su historial de riesgo (si tiene ascendencia política o ha sido amenazado), y la necesidad del candidato por moverse en zonas de peligro. La mayoría de líderes, como ha dicho Villamizar, han sido incluidos en el plan de protección aunque sea con un guardaespaldas.
“Casi la totalidad de los que tienen protección tienen escolta. La Unión Patriótica solicitó unas medidas alternativas, que son apoyos de transporte, con la que se gira un dinero a la persona para que contrate un transporte particular”, aseguró el funcionario.
Los agentes que prestan seguridad son en su mayoría de la Policía Nacional. Hay esquemas que comprenden un vehículo blindado, un escolta de la UNP que actúa también como conductor y un policía. Otros esquemas solo tienen el acompañamiento de un escolta que puede ser de la policía. Incluso hay algunos que solo consisten en la entrega de un chaleco antibalas, que se entrega bajo condición de préstamo y cuesta 700 mil pesos. Este sería el servicio más económico, que no le significa costo alguno al Estado.
El esquema más costoso sería el del candidato al senado y cabeza de lista del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Él además ostenta dignidad de expresidente y su riesgo amerita más atención. Villamizar se reservó detalles sobre los costos y características de la protección del exmandatario, aunque CM& había hecho una investigación en la que revelaba que anualmente su protección le vale al Estado $18.131 millones. De ese total, $5.048 millones los asumiría la UNP.
Cabe decir que el costo estimado para la seguridad de todos los candidatos al Congreso Nacional y que correspondería a la UNP es de 5 mil millones de pesos. En otras palabras, el costo de seguridad general para las elecciones al congreso equivale a una parte de la seguridad que beneficia solamente al expresidente Uribe.
El noticiero CM& añadió que 357 personas hacen parte de la protección de Uribe, sumando agentes de la policía, ejército y UNP. Se requieren 35 vehículos, 14 blindados, 20 motos y al menos 150 equipos de comunicación.
El promedio de los demás candidatos requiere un carro (puede ser o no blindado) y un par de escoltas. Ese esquema vale en promedio 20 millones de pesos mensuales. Muchos otros políticos en campaña requieren un escolta y auxilio de transporte para contratar un vehículo particular, cuyo costo no supera dos millones de pesos mensuales.
El director de la UNP concluyó que a partir del 10 de marzo, día después de las elecciones, solo se mantendrán los esquemas de protección de los candidatos presidenciales, candidatos al congreso que resulten electos y ameriten seguridad. También seguirán con seguridad, hasta el 20 de julio, los congresistas que sigan en ejercicio pero no se hayan postulado a un cuatrienio más.
"Se necesitan más autoridades de control para prevenir y castigar el fraude"
Mapa de riesgo por violencia en elecciones, basado en información de la MOE.
De acuerdo con el informe de riesgo de la Misión de Observación Electoral, las alertas por factores de violencia “han venido disminuyendo en los últimos procesos electorales”, pero “los riesgos indicativos de posible fraude electoral han aumentado sistemáticamente”.
Actualmente hay 260 poblaciones donde hay peligro tanto de fraude como de hechos de violencia que empañen la campaña o la jornada de votaciones. La mayoría de municipios donde hay riesgo extremo de hechos de violencia en el periodo electoral se ubican en departamentos como Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca.
El mayor riesgo, según coincide la MOE y Andrés Villamizar de la UNP, lo generan actores armados como guerrilla y grupos neoparamilitares. Las Farc tienen presencia en al menos 203 municipios y hay advertencias sobre posibles acciones que afecten la legalidad electoral. Los grupos criminales originados del paramilitarismo amenazan a unos 82 municipios y podrían enrarecer el ambiente electoral en sectores del bajo Cauca antioqueño y la Costa Caribe.
Mapa de riesgo por fraude en elecciones, basado en información de la MOE.
Por los riesgos de fraude, según indicadores evaluados por la MOE, se pide especial atención a las autoridades en la región de la Amazonía, el occidente del país, y algunas zonas del Caribe colombiano. “Los resultados permiten concluir que las elecciones en Colombia no necesitan más fuerza pública sino, por el contrario, más jueces, mejores fiscales y autoridades de control capaces para prevenir y castigar el fraude electoral”, advierte la organización de vigilancia electoral.
