A Daniel le llegó una notificación de una fotomulta por exceso de velocidad el pasado julio y, cuando fue a pagar, le informaron que, además de esa, tenía otra por incumplimiento del Pico y Placa.
De esa no tenía conocimiento porque nunca le fue enviado a su domicilio ni a su correo electrónico la prueba de la infracción: una fotografía en la que se identifica la placa de su vehículo y la sanción económica que el conductor debe pagar.
Por las dos sanciones, a Daniel le tocó desembolsillar cerca de 600.000 pesos, porque la que no le informaron acumuló meses de intereses.
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El malestar que sintió Daniel por las infracciones y, además, por la no notificación, es el mismo que sienten miles de conductores en Medellín desde que se implemento el sistema de fotodetección en 2011 y que ha dejado
ganancias por cerca de 290.000 millones de pesos en estos años de operación.
Del dinero recaudado, según la Secretaría de Movilidad,
190.000 millones son para el operador del Sistema - UNE Emtelco -,
70.000 millones son para el Municipio y 28.000 millones para el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito - SIMIT -.
En cinco años, porque las cifras son a cierre de 2016, fueron impuestas
2.600.000 fotodetecciones en 70 puntos que son monitoreados con cámaras en la ciudad y detectan además de la violación del Pico y Placa y el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo, la invasión de la cebra, vehículos de más de 3.5 toneladas transitando por el carril izquierdo, SOAT y Revisión Técnico Mecánica vencidas y el mal estacionamiento.
El dinero que se gana no es para el Municipio
Para el
concejal Jesús Aníbal Echeverri, la distribución de lo recaudado con la operación del sistema de fotodetección demuestra que el dinero que se genera con las fotomultas no es para el municipio, sino para una empresa (UNE) que tiene capitales privados.
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El corporado le aseguró a
kienyke.com que "la cifra con la que se queda el Municipio es exigua, si se tiene en cuenta que es el responsable de responderle al ciudadano la cantidad de demandas que hay".
"No es justo que nosotros tengamos el programa, lo regulemos, le hagamos control y la plata se la lleven los privados", Jesús Aníbal Echeverri.
De acuerdo con Echeverri, "para contestar las acciones de tutela y derechos de petición que se generan por las fotomultas, el Municipio puso inspectores, que son abogados especialistas, que se quejan porque los expedientes de las denuncias de los ciudadanos están acumulados. Además, hay un grupo de abogados contratados por la Secretaría de Movilidad para dar respuesta a esto".
Lo que se mira con extrañeza, dice el concejal, "es que si el gran porcentaje es para el privado, y Medellín se queda apenas con el 30%, por qué es el municipio el que tiene que responderle al conductor, hacer los cobros coactivos por mora e implementar la pedagogía sobre las fotodetecciones".
El contrato va hasta 2025
Al ser consultada por este medio,
Maria Patricia Zúñiga, subsecretaria legal de la Secretaría de Movilidad, explicó que en Medellín, el sistema de fotodetección empezó a operar el
1 de febrero de 2011 en vista de "la necesidad de disminuir los índices de accidentalidad, salvar vidas y optimizar la red vial ante el crecimiento del parque automotor".
Su implementación se basó, contó la funcionaria, "en un estudio de Planeación Nacional para contratar la construcción y puesta en marcha de un centro de control de tránsito [...] que funciona con unos circuitos cerrados de televisión, paneles informativos, cámaras de fotodetección y las ARS (apoyo de la red semafórica)".
Es así como en 2011, durante la adminsitración de Alonso Salazar, el sistema inteligente de movilidad fue implementado con la suscripción de un otrosí sobre un convenio interadministrativo con UNE que venía desde 2006, y con el cual se determina que
"todas las inversiones del sistema de fotodetección están a cargo del operador y el municipio no realiza inversiones asociadas al sistema inteligente de movilidad", explicó Zúñiga.
En palabras simples, es una concesión. El municipio no gasta un peso en la operación del sistema y, una vez se venza el contrato, que va hasta 2025, operará la cláusula de reversión, es decir "que
los elementos que componen el sistema de fotodetección pasarán a hacer propiedad de Medellín", dijo la funcionaria.
Sin embargo, para el concejal Echeverri, que lidera la
Comisión Accidental de Tránsito en el Concejo de la ciudad, a la Alcaldía sí le ha tocado invertir en la pedagogía para que los conductores sepan dónde están las cámaras, en los inspectores que validan las infracciones (quienes, afirmó, padecen estrés por el volumen de fotodetecciones) y es el encargado de hacer los cobros coactivos, pues el nivel de mora es muy alto.
"Se ha hecho el trabajo de poner una vallas que dicen 'No queremos su plata, queremos su vida', que están ubicadas cerca de las cámaras de fotodetección para sensibilizar al ciudadano, pero tampoco han dado resultado para mermar el número de fotodetecciones", aseguró Echeverri.
No se puede acabar el contrato
Para Echeverri,
lo que está pasando con las fotodetecciones es un negocio, porque además de que no están siendo efectivas para reducir la accidentalidad, debido a que sigue creciendo el parque automotor y las imprudencias a la hora de conducir; los habitantes al ver la cámara reducen la velocidad, pero luego de pasarla, la incrementan de nuevo.
Desde la Comisión Accidental, en la que están gremios de transportadores, las secretarías de Movilidad y de Hacienda, y otros concejales, lo que se busca, ante la imposibilidad de terminar el contrato "porque jurídica y técnicamente está blindado", es que cambie su forma de operar, manifestó Echeverri.
"Para acabar con el contrato, el Municipio tendría que sacar una suma de dinero altísima, entonces lo que se va a proponer es que si se va a continuar, el operador se haga responsable de la parte jurídica, de contestar los derechos de petición y las acciones de tutela. Inclusive, que se encargue del fortalecimiento de la educación del conductor, con la instalación de vallas y la información de la ubicación de las cámaras", manifestó el corporado.
Por ahora,
las cinco demandas ante lo Contencioso Administrativo contra el sistema de fotodetección siguen su curso. Y
los 70.000 millones de pesos que le han quedado a Medellín de los 290.000 millones recaudados directamente por la Secretaría de Hacienda,
se han invertido, según Movilidad, en obras y proyectos de todo el municipio.
Para Echeverri, el único camino hasta 2025, cuando vence el contrato, es que los habitantes tomen conciencia de que son ellos los tiene en sus manos la opción de hacer menos rentable el sistema de fotodetecciones de la ciudad.
