Hace unos días, el ministro de Defensa Guillermo Botero, afirmó que las protestas sociales estaban siendo financiadas por grupos ilícitos, en medio del Congreso de Confecamaras en Cartagena, lo que desencadenó duras criticas por parte de la oposición.
“Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”, fue lo que afirmó en el evento el jefe del ministerio.
Estas declaraciones de inmediato causaron la respuesta de diferentes políticos de la oposición y hasta de la Defensoría del Pueblo, que llevó al ministro a sacar un comunicado de prensa para esclarecer lo que quiso decir en ese momento.
https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1040428062746263552
https://twitter.com/petrogustavo/status/1040978465376350209
Según la misiva, Botero como jefe de la cartera de seguridad, "debe garantizar que todos los ciudadanos ejerzan sus derechos constitucionales; y uno de esos derechos fundamentales es el de manifestarse pública y pacíficamente". Asimismo, enfatizaron en el respeto que él siente con este derecho ciudadano que garantiza la expresión pública.
Sin embargo, aclaran: "No se puede permitir que, grupos armados organizados al margen de la ley, oculten sus intereses detrás de ese derecho de la ciudadanía".
Estas declaraciones llevaron a que la Comisión Segunda del Senado encargada de legislar temas relacionados con defensa nacional y fuerza pública, citara al ministro de Defensa para que argumente ante los congresistas cuáles son los grupos criminales que están detrás de algunas protestas que se han desarrollado en el país.
Frente a lo dicho por Botero, el presidente de la República Iván Duque, tomó un distanciamiento con las palabras del ministro y aseguró: "Yo creo que la protesta social es un derecho y se tiene que hacer siempre con estricto apego a la ley y de manera pacífica, a través de un diálogo de confianza".
La protesta social como un derecho consagrado en la constitución política
Desde la entrada en vigor de la Constitución del 91, en Colombia se declaró, en el Articulo 37 de esta carta magna, como un derecho fundamental la actividad ciudadana de organizarse y manifestar sobre un tema cualquiera, pero siempre de manera pacífica.
“ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”
La protesta se consagra como una garantía constitucional que da vía libre a las diferentes marchas ciudadanas en todo el territorio colombiano, que garantiza el libre agrupamiento de diez colombianos frente a cualquier lugar o las masivas manifestaciones que se llevan acabo contra la decisión del gobierno.
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