El proyecto de reforma constitucional más importante del Gobierno, que actualmente está en trámite en el Congreso, estaría condenado a una muerte lenta y segura.
Se trata del polémico equilibrio de poderes, iniciativa que ya cursó su primera vuelta legislativa y que contiene temas como la prohibición de la reelección en varios de los altos cargos públicos, un tribunal que investigará a los altos dignatarios del Estado, entre otros.
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Expertos constitucionalistas consultados por Kienyke.com indicaron que ante una eventual demanda de la norma, una vez sea aprobada, se caerá en la Corte Constitucional por falta de unidad de materia.
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El expresidente de esa alta Corte, Carlos Gaviria, indicó que “los proyectos que tienen conceptos demasiado abiertos, demasiado amplios, tienen todos ese problema, porque se les van sumando muchos temas que rompen la unidad normativa del proyecto. Eso puede dar lugar a que la Corte Constitucional, por falta unidad de materia, lo declare inconstitucional”, dijo.
Según explicaron los expertos en temas constitucionales, la unidad de materia es el mismo hilo conductor o médula espinal del proyecto, y cualquier asunto ajeno al tema central, lo vicia. Esto se denomina vicio de forma.
La iniciativa fue radicada por el Gobierno, casi de inmediato a la segunda posesión del presidente Juan Manuel Santos el pasado siete de agosto, para acabar precisamente con la reelección de los funcionarios públicos.
Sin embargo, el mismo Gobierno y algunos congresistas le colgaron varios artículos al proyecto de acto legislativo, que incluyen temas electorales, inhabilidades de funcionarios públicos, creación de una supercorte, entre otros ítems que son competencia de reformas políticas y judiciales independientes.
Sanciones a partidos políticos: El proyecto de reforma constitucional contempla que los movimientos y partidos políticos son responsables por avalar candidatos que resulten condenados durante el período del cargo por el cual fueron elegidos.
Inhabilidades de funcionarios públicos: La iniciativa acaba la llamada puerta giratoria, gracias a la cual magistrados pasaban de una alta Corte a otra sin problemas. En este sentido se prohíbe a los servidores públicos nombrar o postular como funcionarios a personas que hayan intervenido en su designación o postulación. De igual manera, prohíbe la suplencia en los miembros de las corporaciones públicas.
Tribunal de aforados: La iniciativa crea el Tribunal de Aforados que se encargará de investigar a los altos dignatarios del Estado. Si hay lugar, presentará la acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes y el juicio será adelantado por el Senado. Este nuevo alto Tribunal -aparte de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General y Procurador-, también trae la novedad de que podrá indagar al Contralor y al Defensor del Pueblo.
Elecciones de funcionarios púbicos: El proyecto también contempla requisitos para poder ser elegido magistrado, y exigencias para poder aspirar a ser vicepresidente de la República, que son las mismas para ser presidente.
Reformas y reestructuración de entidades: La iniciativa contempla la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, y en su lugar crea el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, que sería el reemplazo de la Sala Administrativa, integrada por los presidentes de las altas Cortes, delegados de los magistrados de tribunal, de los jueces, y empleados judiciales. Asimismo, se crea el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que reemplaza a la Sala Disciplinaria, encargada de investigar a todos los funcionarios judiciales. De otro lado, el proyecto faculta a la Fiscalía realizar capturas directamente sin necesidad de una orden judicial.
Reforma política: La iniciativa contempla que sólo podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas, los movimientos o partidos políticos que sumados hayan tenido una votación de no menos del 15% de los votos válidos para la respectiva circunscripción. De igual manera, uno de los temas que más ha generado polémica es la conformación de sólo listas cerradas para las elecciones legislativas, por lo que ya no habrá listas preferentes; éstas tendrán el mecanismo cremallera, que es la integración de un hombre y una mujer.
Aparte de estos temas, la iniciativa también incluye el recorte de las funciones del Procurador General, quien no podrá investigar disciplinariamente a los congresistas. Además describe las funciones del Contralor General, y la forma como se elige él y otros funcionarios.
Por último, la iniciativa establece que los candidatos a los cargos de Presidente, vicepresidente de la República, gobernaciones, alcaldías que pierdan en la contienda electoral, ocuparán inmediatamente cargos en el Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, respectivamente.
A este collage de temas y artículos, ayer el presidente Juan Manuel Santos anunció la inclusión de uno nuevo que tiene que ver con la priorización en el Consejo Superior de la Judicatura de casos penales como el de Interbolsa y el carrusel de las contrataciones.
Por otra parte, algunos congresistas han denunciado un "orangután" que se creó. Kienyke.com también consultó con el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien calificó la iniciativa como un sancocho.
“Yo lo he llamado sancocho indoctrinario, porque tiene de todo y carece a la vez de un hilo conductor. O sea carece de unidad de materia. Ese es un hecho fácil de demostrar y es una pésima técnica legislativa. Además le agregan cosas como un árbol de Navidad, y lo que hacen es empeorarlo. Aparte que es una burla a la idea de las ocho vueltas en el Congreso, pues a última hora le siguen agregando cosas, teniendo en cuenta que no se han discutido suficientemente”, dijo el congresista.
Según puntualizó Robledo, “es un proyecto de equilibrio de poderes, pero no toca en nada a la corrupción del sistema electoral colombiano, que es la base del poder. El sistema electoral colombiano es corrupto y ese tema no se toca. El principal ejemplo es el empecinamiento en la lista cerrada que es una manera de entregar el poder de los partidos a las camarillas políticas, y es un fraude, porque se dice que es contra la corrupción, pero lo que busca es esconder a los candidatos corruptos detrás en la lista de otros menos desacreditados. Sería bueno que se hundiera toda la iniciativa y tramitáramos por aparte el tema de la reelección”, indicó.
Según explicaron los expertos en temas constitucionales, la unidad de materia es el mismo hilo conductor o médula espinal del proyecto, y cualquier asunto ajeno al tema central, lo vicia. Esto se denomina vicio de forma.
La iniciativa fue radicada por el Gobierno, casi de inmediato a la segunda posesión del presidente Juan Manuel Santos el pasado siete de agosto, para acabar precisamente con la reelección de los funcionarios públicos.
Sin embargo, el mismo Gobierno y algunos congresistas le colgaron varios artículos al proyecto de acto legislativo, que incluyen temas electorales, inhabilidades de funcionarios públicos, creación de una supercorte, entre otros ítems que son competencia de reformas políticas y judiciales independientes.
Sanciones a partidos políticos: El proyecto de reforma constitucional contempla que los movimientos y partidos políticos son responsables por avalar candidatos que resulten condenados durante el período del cargo por el cual fueron elegidos.
Inhabilidades de funcionarios públicos: La iniciativa acaba la llamada puerta giratoria, gracias a la cual magistrados pasaban de una alta Corte a otra sin problemas. En este sentido se prohíbe a los servidores públicos nombrar o postular como funcionarios a personas que hayan intervenido en su designación o postulación. De igual manera, prohíbe la suplencia en los miembros de las corporaciones públicas.
Tribunal de aforados: La iniciativa crea el Tribunal de Aforados que se encargará de investigar a los altos dignatarios del Estado. Si hay lugar, presentará la acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes y el juicio será adelantado por el Senado. Este nuevo alto Tribunal -aparte de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General y Procurador-, también trae la novedad de que podrá indagar al Contralor y al Defensor del Pueblo.
Elecciones de funcionarios púbicos: El proyecto también contempla requisitos para poder ser elegido magistrado, y exigencias para poder aspirar a ser vicepresidente de la República, que son las mismas para ser presidente.
Reformas y reestructuración de entidades: La iniciativa contempla la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, y en su lugar crea el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, que sería el reemplazo de la Sala Administrativa, integrada por los presidentes de las altas Cortes, delegados de los magistrados de tribunal, de los jueces, y empleados judiciales. Asimismo, se crea el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que reemplaza a la Sala Disciplinaria, encargada de investigar a todos los funcionarios judiciales. De otro lado, el proyecto faculta a la Fiscalía realizar capturas directamente sin necesidad de una orden judicial.
Reforma política: La iniciativa contempla que sólo podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas, los movimientos o partidos políticos que sumados hayan tenido una votación de no menos del 15% de los votos válidos para la respectiva circunscripción. De igual manera, uno de los temas que más ha generado polémica es la conformación de sólo listas cerradas para las elecciones legislativas, por lo que ya no habrá listas preferentes; éstas tendrán el mecanismo cremallera, que es la integración de un hombre y una mujer.
Aparte de estos temas, la iniciativa también incluye el recorte de las funciones del Procurador General, quien no podrá investigar disciplinariamente a los congresistas. Además describe las funciones del Contralor General, y la forma como se elige él y otros funcionarios.
Por último, la iniciativa establece que los candidatos a los cargos de Presidente, vicepresidente de la República, gobernaciones, alcaldías que pierdan en la contienda electoral, ocuparán inmediatamente cargos en el Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, respectivamente.
A este collage de temas y artículos, ayer el presidente Juan Manuel Santos anunció la inclusión de uno nuevo que tiene que ver con la priorización en el Consejo Superior de la Judicatura de casos penales como el de Interbolsa y el carrusel de las contrataciones.
Por otra parte, algunos congresistas han denunciado un "orangután" que se creó. Kienyke.com también consultó con el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien calificó la iniciativa como un sancocho.
“Yo lo he llamado sancocho indoctrinario, porque tiene de todo y carece a la vez de un hilo conductor. O sea carece de unidad de materia. Ese es un hecho fácil de demostrar y es una pésima técnica legislativa. Además le agregan cosas como un árbol de Navidad, y lo que hacen es empeorarlo. Aparte que es una burla a la idea de las ocho vueltas en el Congreso, pues a última hora le siguen agregando cosas, teniendo en cuenta que no se han discutido suficientemente”, dijo el congresista.
Según puntualizó Robledo, “es un proyecto de equilibrio de poderes, pero no toca en nada a la corrupción del sistema electoral colombiano, que es la base del poder. El sistema electoral colombiano es corrupto y ese tema no se toca. El principal ejemplo es el empecinamiento en la lista cerrada que es una manera de entregar el poder de los partidos a las camarillas políticas, y es un fraude, porque se dice que es contra la corrupción, pero lo que busca es esconder a los candidatos corruptos detrás en la lista de otros menos desacreditados. Sería bueno que se hundiera toda la iniciativa y tramitáramos por aparte el tema de la reelección”, indicó.
