Los colombianos asisten el domingo 26 de agosto por cuarta vez a las urnas en un solo año, esta vez para votar la consulta anticorrupción, que deberá lograr doce millones de votos -la tercera parte del censo electoral- que medirá el poder de uno de los mecanismos de participación ciudadana establecido en la Constitución de 1991.
Todos los ciudadanos tienen el derecho a “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, consagra la carta política y para ello se establecieron seis mecanismos para lograrla. Son ellos la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto.
Entre consultas, plebiscitos y referendos los mecanismos más conocidos por los colombianos, puesto que han participado en varios de ellos, muchos no distinguen qué se busca en cada uno. El que se vota el domingo 26, el de la Consulta, es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida, según el caso por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.
En el caso de esta consulta anticorrupción fue el presidente Juan Manuel Santos, quien la convocó mediante decreto, atendiendo a la iniciativa de la ex senadora Claudia López y la Representante a la Cámara Angélica Lozano, para que los colombianos respondan sí o no a siete preguntas sobre reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, eliminación de la medida de casa por cárcel para los corruptos y reducir el poder a máximo tres periodos en corporaciones públicas, entre otros.
La consulta anti corrupción le costará a la nación 310.479 millones de pesos, lo que significa 30.000 millones más que para el plebiscito del 2016 (el del Si y el No) y 270.ooo millones más que la consulta del partido liberal de noviembre de 2017 para elegir candidato a la presidencia por ese partido.
Uno de los sectores que más promueve consultas populares es el ambiental y en especial el relacionado con la explotación de hidrocarburos y la minería, por el alto impacto que provoca en las comunidades. El Ministerio de Minas y Energía reportó siete en el año 2017 y 54 están pendientes
Además de la consulta liberal y el Plebiscito del Si y el No, desde la inclusión del derecho de participación ciudadana en la Constitución del país en 1991 se han llevado a cabo un Referendo Constitucional en 2003, promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe, que contemplaba quince preguntas para adelantar algunas reformas de la Constitución Política y solo una de ellas pasó el umbral necesario para ser aprobada: la que prohibía a personas condenadas por delitos de corrupción ocupar cargos públicos o recibir contratos del Estado.
Frente a Revocatorias de mandato este mecanismo se lleva el primer puesto, la Registraduría Nacional ha realizado, desde 1996 hasta agosto de 2017, 60 revocatorias de mandato, de las cuales ninguna ha prosperado.
Entre los datos históricos vale la pena recordar el primer plebiscito celebrado en diciembre de 1957 que convocó a los colombianos para que ratificaran el pacto de Benidorm celebrado entre los máximos representantes de los dos partidos tradicionales Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, en un esfuerzo por pacificar al país y derrocar al dictador Gustavo Rojas Pinilla, y que entre otras cosas permitió la creación del Frente Nacional, que buscaba alternar el poder entre los dos partidos mayoritarios, el liberal y el conservador durante 16 años, como efectivamente se hizo.
Ese fue la primera jornada electoral en la que la mujer colombiana ejerció su derecho al voto, el cual se había logrado a través de luchas feministas con la reforma constitucional realizada el 27 de agosto de 1954 y fueron 1.835.255 las mujeres que pudieron acudir a las urnas a ejercer un derecho que estuvo reservado a los hombres durante 19 siglos y medio.
Esta consulta anti corrupción constituye todo un desafío, que va más allá de quienes la convocaron porque ya pasó a manos de los colombianos en edad de votar. Entre tanta consulta, referendo y plebiscitos es posible que muchos se abstengan de votar porque no entienden para que sirve o les dé pereza hacerlo. Con ello estarán dejando de ejercer un derecho fundamental con el que contribuyen a construir un país mejor y perdiendo la oportunidad de tomar decisiones y dejándolas una vez más en manos de otros.
