"Democratizar las decisiones ambientales", la hoja de ruta de Susana Muhamad

24 Julio 2022, 10:09 AM
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En entrevista con Kienyke.com, la ministra designada de Ambiente, Susana Muhamad, explicó cuál será la hoja de ruta para la cartera que liderará.

Susana Muhamad, ex secretaria de Ambiente de Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro y recién salida del Concejo de Bogotá, es la nueva ministra de Ambiente designada por el gobierno entrante. Una mujer que tendrá a sus espaldas uno de los objetivos más difíciles del presidente electo, el de sentar las bases de una necesaria transición energética que incluya en el proceso a las comunidades. 

A ello Muhamad lo llama "democratización de las decisiones ambientales", que en la práctica es la inclusión de los procesos socioambientales que llevan años defendiendo la naturaleza y el territorio. En entrevista con Kienyke.com, la nueva ministra explicó cuál será la hoja de ruta ambiental que guiará su gestión. 

Turismo ecológico 

 

Periodista: Una de las propuestas de Gustavo Petro incluye priorizar el turismo. Para nadie es un secreto que la riqueza natural de Colombia es uno de sus principales fuertes turísticos, ¿cómo hacer un balance en ese punto para que no se afecten los ecosistemas visitados?

Susana Muhamad: Es muy importante la responsabilidad del Gobierno en tener estudios de carga, que significa entender la capacidad que tiene un ecosistema para recibir personas y las reglas de juego para que ese turismo se pueda dar. Me he encontrado con algo que me tiene triste y es la realidad de los funcionarios de Parques Nacionales, que son personas súper sacrificadas porque están en territorios muy lejanos y no tienen hoy las condiciones operativas para hacer su trabajo. 

Vamos a tener que trabajar para que esta propuesta del presidente Petro se materialice de forma sustentable, generando más capacidad operativa en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y condiciones responsables de operación de estos parques, lo que significa más recursos para ellos. 

Lo segundo que tenemos que hacer es trabajar con las comunidades vecinas de estos parques y reservas naturales donde se pretende hacer turismo e involucrarlos como primeros beneficiarios del proceso. 

P: ¿Planea revisar o fortalecer el rol de las Corporaciones Autónomas Regionales?

SM: Mi mensaje es claro: primero, que entendamos que aquí hay un llamado a la democratización de las decisiones ambientales. Eso no solo incluye al Gobierno y las autoridades centrales, sino que también debe incluir a las corporaciones. Tenemos que derribar los muros y generar transparencia en el sistema nacional ambiental. 

Durante este empalme también me he reunido con 43 procesos ciudadanos del país, haciendo un empalme social para escuchar desde la ciudadanía cuál es su visión de la gobernanza ambiental. Un ejercicio sumamente importante porque creo que el llamado a la ciudadanía es a ejercer vigilancia y control con el apoyo del Gobierno Nacional

Ya en el mediano plazo, tenemos que abrir una reflexión sobre los 30 años de la Ley 99 de 1993 que se cumplen el próximo año y si hoy ese marco normativo es apropiado para las condiciones de crisis climática que tenemos en el país y los riesgos asociados al mal manejo del agua y los ecosistemas. 

No al fracking y energías renovables

 

P: ¿Qué país recibe usted en materia de matriz energética y cuáles son los objetivos que se propone? 

SM: Este es un país que inició ya una transición energética, que empezó a darle un impulso a las energías renovables y hay políticas que hablan de la descarbonización de la demanda energética del país. Hay un marco normativo, una ley de cambio climático y unos compromisos internacionales que realiza Colombia en el Acuerdo de París de reducción de emisiones y metas claras en la adaptabilidad del país. ¿Pero qué es lo que pasa? Creemos que en la práctica hay que acelerar esta transición y allí nos vamos a encontrar con muchísimos retos.

El primero son las condiciones de la oferta energética en Colombia: tenemos el reto de diversificar esa oferta y aumentar la participación de los renovables. El plan de desarrollo tiene dos visiones. Una, que son los grandes proyectos energéticos como los parques eólicos o las granjas solares; pero otra, que es la diversificación de la matriz energética desde las comunidades y asociaciones ciudadanas, que significa una democratización de la generación energética. 

Lo segundo es definir que en esa transición no cabrían técnicas de explotación de combustibles con métodos no convencionales como el fracking. Creemos que la ecología colombiana no es apta para esto, los riesgos y las incertidumbres pueden ser perjudiciales cuando necesitamos fortalecer los ecosistemas para el motor de desarrollo que es la agricultura. No puede haber agricultura sin suelos y no puede haber agricultura sin agua. 

P: El fallo del Consejo de Estado negando una demanda contra  las normas técnicas para la exploración y explotación de hidrocarburos, ¿cambia de alguna forma las reglas de juego?

SM: Las reglas han cambiado en dos momentos. Cuando se inició esta política en el año 2013 y se sacaron los decretos técnicos, inició la firma de unos contratos que quedaron suspendidos cuando, por demandas judiciales que hizo la ciudadanía, el Consejo de Estado puso una medida cautelar. Han pasado ya siete años y hay un cambio de política pública refrendada por los ciudadanos en las urnas, el programa que escribió en la registraduría Gustavo Petro decía ‘no al fracking’. 

La sentencia del Consejo de Estado no es que diga que el fracking ya se puede hacer, sino que dice es que ‘a nosotros como sector de la justicia no nos corresponde definir aspectos técnicos’. Entonces, esos reglamentos no incumplen el marco legal, pero le corresponde a la administración definir las condiciones técnicas de operación de esos pilotos. Estamos en este momento trabajando en la ruta jurídica para poder darle un cierre al fracking, ahorita van a volver a presentar un proyecto en el Congreso y  estamos dispuestos a apoyar el debate de su prohibición.

P: ¿Cuáles serán las apuestas energéticas del Gobierno? 

SM: Tenemos que trabajar con todas, porque creo que en el siglo XXI lo que necesitamos es una diversificación energética y el paquete de renovables está muy atado a las condiciones del clima, a las condiciones meteorológicas y por eso hay que tener un mercado amplio y diverso de energías renovables. 

Ahora, aquí hay que trabajar en una innovación tecnológica. Quedé gratamente sorprendida con los avances que tiene hoy Ecopetrol en el manejo de renovables para la producción de su propio petróleo, que va generando una experiencia concreta de las refinerías como futuras posibles instalaciones para el hidrógeno verde; ya tienen hidrógeno gris y hay un potencial inmenso de reconversión. Hay que hacer una canasta energética diversificada que además contemple los equilibrios sociales y ambientales.

Zonas marítimas y protección ambiental 

 

P: Otro reto que usted hereda es el de la protección de las zonas marinas, el cómo pasar esa protección del papel a la práctica, ¿qué balance hace usted sobre este tema?

SM: Es muy débil en este momento y hay demasiadas competencias sobrelapadas y poca claridad de quién ejerce esa autoridad ambiental en las áreas marinas. Creo que hay una gobernanza débil y vamos a tener que fortalecerla. 

Nos preocupa mucho a los ciudadanos la deforestación en la Amazonía, pero le ponemos poca atención a la destrucción de manglares, de ciénagas y a la situación de la erosión costera y la realidad de los mares porque allá no vive gente, pero es fundamental en la adaptación del cambio climático. La restauración de manglares, por ejemplo, absorbe mucho más CO2 que una hectárea de bosque, entonces si queremos lograr ese equilibrio  de carbono neutralidad tenemos que poner atención en eso. 

Mares Colombia

P: Ministra usted puso fin a uno de los debates más antiguos que existe en Colombia y es el tema del glifosato ¿Cómo se luchará entonces contra los cultivos ilícitos, que son la base de las economías ilegales?

SM: Usted cruza los territorios PDET y los sitios dónde hay más deforestación y el mapa corresponde. Lo que tenemos es un conflicto social de mucho tiempo sobre el uso de la tierra y las posibilidades del estado social de derecho para llegar a esos territorios lejanos de frontera agrícola. No creemos que envenenando una mata o fumigando una mata  vamos a terminar con el problema del narcotráfico. 

Lo único que ha mostrado glifosato es que los cultivos se trasladan o vuelven a aparecer después de que la presión ceda, pero lo que sí queda son las condiciones ambientales de contaminación. Tenemos que pensarlo integralmente, primero generando garantías a los campesinos que estaban en el plan nacional de sustitución de cultivos. Hay que decir que desde la firma del acuerdo de paz se les incumplió, hubo un acuerdo en La Habana donde estas comunidades iban a tener un apoyo integral del Estado, íbamos a hacer una reforma rural integral y los íbamos a incluir en la economía legal. 

Hay que retomar lo que este gobierno dejó botado y que además hizo algo que a mí me parece muy grave que es la militarización de la conservación ambiental; si nosotros no somos capaces de generar garantías productivas, esa se vuelve la base social de la mafia. 

P: Según la Fiscalía este año han sido deforestadas 7.585 hectáreas de bosque en lo que va de año, siendo precisamente la Amazonía la más afectada, ¿cómo velará usted para detener este flagelo?

SM: La estrategia se ha convertido en una militarización del conflicto ambiental. Eso lo que está generando es profundizar las condiciones que están generando esta deforestación, porque precisamente lo que haces es legitimar frente a los sectores sociales el actuar de los grupos armados. Eso no quiere decir que el Estado no tenga la potestad de control, claro que la tiene y la tiene que ejercer; pero yo creo que hay que fortalecer a los jueces, la Fiscalía y la investigación para llegar a los determinadores y los grandes capitales que están permitiendo la deforestación a está escala. 

Un primer paso es trabajar con las comunidades para sacarle esa base social a la mafia y que esa ciudadanía sea incluida dentro del estado social de derecho. El tema de la deforestación pasa críticamente por la capacidad de confianza, las decisiones y condiciones económicas que en el marco de la reforma rural integral seamos capaces de entregarle a las comunidades. 

P: ¿Qué papel tendrán los llamados ‘negocios verdes’ en su gestión?

SM: Serán muy importantes. Muchas de estas familias de pronto puedan ingresar a la frontera agrícola, que es donde hay más posibilidad para el Estado de llevar las vías y la infraestructura que permitan que estos campesinos tengan una mejor productividad. Sin embargo, esas oportunidades tienen que ser de trabajo y propiedad comunitaria; no podemos generar un capitalismo explotador verde. 

Allí, por ejemplo, el turismo, los productos no maderables, la capacidad de generar productos maderables de forma sostenible y los mismos procesos de restauración ambiental que tenemos que hacer con las comunidades, son oportunidades importantes.

Lo que he visto hasta ahora es que hay mucha dispersión de proyectos generados por la cooperación internacional, generados por otro tipo de actores privados, con poca coordinación del Estado y muchas veces terminan no generando garantías o no siendo sostenibles. Se va la plata de la cooperación internacional y no queda ninguna capacidad instalada.

Líderes sociales y ambientales

 

P: Hace poco tuvimos una entrevista con una lideresa ambiental guayú que pelea por el desviamiento del arroyo Bruno por parte del Cerrejón. Este es apenas un ejemplo de una de las afectaciones de esta mina a las fuentes hídricas de la Guajira, ¿cómo protegerá este Gobierno a las comunidades frente a los intereses económicos de las multinacionales?

SM: Necesitamos fortalecer la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Yo creo que podemos exigir mucho más a estas empresas y ser mucho más rigurosos en el seguimiento. Quedé sorprendida gratamente con el avance de la ANLA en estos cuatro años, quiero decir que hay una modernización interesante de sus sistemas de seguimiento. Una de las cosas cosas que vamos a hacer es, inmediatamente lleguemos, organizar comisiones de expertos técnicos y jurídicos para revisar el estado de cumplimiento de las licencias. Tenemos que apretar para que los compromisos se cumplan. 

Al entregar licencias, nosotros no podemos poner en riesgo los derechos fundamentales de las comunidades. Cuando usted aprueba una licencia en una zona tan dramática para la provisión de agua, donde no se ha cumplido siquiera con el derecho fundamental al agua y usted ya le está dando el agua a un privado para una mega explotación poniendo en riesgo a la población, eso no es una decisión coherente. Buscaremos en el proceso de licenciamiento tomar muy en serio los impactos que puede generar en los derechos fundamentales. Siempre dicen ‘no, es que eso se puede mitigar’, pues fíjese que no han mitigado y hoy tenemos un departamento con hambre por falta de agua. 

P: ¿Cómo se le garantizará la vida a los líderes sociales ambientales? ¿Le pedirá al presidente retomar con urgencia la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú?

SM: Sí, tenemos dos prioridades en el Congreso desde lo ambiental. Una es la ratificación del Acuerdo de Escazú y dos, la prohibición del fracking; son los dos temas de urgencia que quisiéramos impulsar con los congresistas. Ahora, en términos de la realidad de los liderazgos sociales, es muy triste la posición que ha tenido este gobierno, es como una indolencia frente a las realidades sociales porque han puesto la posición de que no hay una categoría en Naciones Unidas de líder ambiental y por lo tanto es difícil saber quiénes son y si es verdad que están amenazados. 

Cuando usted tiene personas que están defendiendo un territorio, sean campesinos, sean indígenas, sean líderes sociales, sean miembros de juntas de acción comunal, pues están ya en una práctica ambiental. Nosotros nos proponemos lanzar dentro de los primeros 100 días una ruta de protección integral a los liderazgos sociales que defienden los territorios. 

Claro, el sector ambiental no es la Fiscalía, no es la Unidad Nacional de Protección y no es el Ministerio del Interior, pero lo que sí debe hacer es respaldar a los liderazgos sociales y ambientales y generar condiciones de democracia ambiental.

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