En una rueda de prensa adelantada en la secretaría general de la Cámara de Representantes, la bancada del Pacto Histórico liderada por el representante David Racero anunció que se radicará una denuncia penal en contra del Fiscal General Francisco Barbosa ante la Comisión de Acusación de la corporación, por pasadas declaraciones del jefe del ente investigador en las que habría llamado a algunos jefes de la fuerza pública a la subordinación.
Según explicó Racero, Barbosa podría estar incurriendo en varios delitos tipificados por el código penal militar, más exactamente: Insubordinación, desobediencia, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando.
Las acusaciones contra el Fiscal Barbosa se derivan de unas declaraciones que entregó en días pasados a Blu Radio, en las que cuestionó la autoridad del presidente Gustavo Petro ante los directores de la policía y la DIJIN y los llamó a no obedecer las directrices del mandatario, quien cabe señalar según la Constitución es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas.
“Quiero decirle un mensaje al director de la Policía, al director de la DIJIN, a los directores de la SIJIN: que no porque les dan una orden o les dicen algo, hay que hacerlo”, manifestó en su momento Barbosa.
Según explicó Racero, también se le solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que indague si el Fiscal Francisco Barbosa, así como lo ha hecho de manera pública, de manera privada también estaría realizando acercamientos o incitando para que los brazos de las fuerzas armadas no obedezcan al jefe de Estado.
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“El Señor Barbosa pretende soslayar que el fundamento constitucional de nuestra fuerza pública es la no deliberación, es decir, el apego irrestricto – aunque no irracional- a nuestro ordenamiento constitucional y legal y el respeto permanente de las instituciones democráticas”, señaló la colectividad por medio de un comunicado de prensa.
“Por esto, un llamamiento directo al desobedecimiento de órdenes legítimas atenta contra el régimen constitucional y legal, pues pretende que abiertamente se desconozcan las órdenes del titular competente, que, para el caso de la Policía Nacional y su director, y en razón de la línea de mando institucional, es el Señor Presidente de la República”, concluyó el Pacto Histórico.
