Guido Rodríguez, actual Fiscal de Cuentas de Panamá y una de las 150 víctimas que figuran en la lista del caso de los “pinchazos” que investiga la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña y por el cual se extraditó al expresidente Ricardo Martinelli, habló con Kienyke.com sobre el caso. En principio, si bien ya fue citado a declarar en el proceso, manifestó que “posiblemente se citen a funcionarios que participaron desde el gobierno, como los dos exdirectores del Consejo Nacional de Seguridad”.
Para el funcionario, la audiencia del pasado lunes y el proceso de imputación están separados en el proceso judicial, lo que ocurrió en primera instancia es el cumplimiento de la medida cautelar decretada por la CSJ al declarar en estado de rebeldía a Martinelli en 2015 y, lo segundo, es lo que inició tras el regreso del expresidente al centro penitenciario El Renacer, que se dio este 14 de junio.
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Rodríguez fue director del diario Panamá América entre 2006 y 2010, cuando renunció producto de la autoridad adquirida por algunos políticos al interior del mismo. Durante ese periodo, descubrió por medio de Willy Cochez, en aquel entonces embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que el gobierno de Ricardo Martinelli tenía interceptadas sus comunicaciones y, posiblemente, la de otros ciudadanos.
Todo se dio, relata Rodríguez, cuando previo a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el diario que dirigía decidió contratar los servicios de una agencia internacional de prensa para el cubrimiento de la noticia. En dicho proceso, intercambió correos con periodistas cuyos temas fueron mencionados a Cochez por Giuseppe Bonissi, que se desempeñaba como procurador General de Panamá, quien confesó tener la información gracias a la interceptación por orden presidencial.
Luego, en 2013, pasó a ser parte de la Televisora Nacional (TVN) donde de nuevo descubrió que era seguido ilegalmente por fuerzas del estado panameño. En 2015, siendo Fiscal de Cuentas, decidió sumarse a los querellantes cuando salió a la luz el escándalo de los pinchazos y Martinelli se había autoexiliado en Estados Unidos.
Los “pinchazos”
En el caso de los “pinchazos” por parte del Consejo Nacional de Seguridad, existe un apartado dirigido al origen de los fondos para financiar las interceptaciones ilegales. La investigación del magistrado fiscal denunciante, Harry Díaz, arrojó como resultado que el gobierno de Martinelli malversó fondos del Plan Nacional de Ayuda (PAN) dirigido al apoyo alimenticio a colegios.
Durante la desviación de dineros y compra de equipos de interceptación a una empresa de seguridad israelí, con la supuesta intención de fortalecer la seguridad de Panamá, para Rodríguez el ahora desaparecido PAN no cumplió con la ley 22° de contratación pública que establece la Constitución Política panameña y dice que: “La contratación pública se regirá por los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, debido proceso, publicidad, economía y responsabilidad, de acuerdo con los postulados que rigen la función administrativa”.
El proceso de los querellantes
Si bien el Tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos establece este mecanismo por requerimiento único, éste tiene excepciones ante solicitudes formales por parte de uno de los países para juzgar al extraditado en otro proceso o que éste se vea involucrado en delitos de lesa humanidad.
Recientemente, según Rodríguez, el Congreso Ngobe Bugle de comarcas indígenas denunció el supuesto exceso de fuerza en su contra durante acciones policiales llevadas a cabo durante el gobierno de Martinelli, pero aún no se han investigado.
Ante los cuestionamientos por la real situación de salud de Martinelli y el proceso en su contra, Rodríguez le expresó a Kienyke.com que una vez arribó a Panamá procedente de Estados Unidos fue evaluado por médicos como estaba pactado con su defensa y fue trasladado al centro de reclusión como medida previa a la audiencia que se haría el mismo 11 de junio.
También mencionó que el proceso, como cualquier otro, deberá continuar sin inconvenientes más allá del proceso de recuperación del exmandatario. De hecho, en la audiencia celebrada este 14 de junio, el magistrado fiscal Harry Díaz solicitó la audiencia intermedia para el inicio del proceso acusatorio contra Martinelli teniendo en cuenta su investigación previa y por la cual se lo acusa de cuatro delitos.
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En las últimas horas se conoció que los abogados defensores de Martinelli interpusieron una vez más el recurso de habeas corpus para lograr que el exmandatario se pronuncie por fuera del marco de la investigación en curso y exponga sus pruebas de inocencia.
Respecto al pedido internacional de reclusión a Martinelli por una supuesta posibilidad de fuga, Rodríguez mencionó a Kienyke.com que no sería la primera vez que el expresidente se fugaría, considerando que el 2015 asistió a una reunión del Parlacen en Guatemala y nunca volvió al país, lo que llevó el proceso de investigación a niveles superiores ante la Interpol.
Además, enfatizó Rodríguez, cuando Martinelli fue capturado por autoridades estadounidenses en Miami, se encontraba aprovisionando un bote con alimentos y ropa, por lo que se supone tenía planeado trasladarse evitando controles en tierra. Lo que representa un “peligro de fuga inminente”.
Más allá del alegato por persecución política del expresidente, que para Rodríguez es totalmente normal en los políticos cuando son requeridos por la justicia para desviar la atención, se trata de un proceso que busca hacer justicia ante la represión de la que fueron víctimas varios ciudadanos panameños.
