No más bloqueos institucionales, recuperar confianza en las cortes, agilización de los procesos, modificación de la acción de tutela, transparencia, calidad y seguridad jurídica es lo que propone el Gobierno Nacional para modificar el aparato judicial en el país. Así como lo prometió Iván Duque en su discurso de posesión como presidente de la República, este jueves la ministra de Justicia Gloria María Borrero presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma a la justicia que contempla tres ejes fundamentales que, según el gobierno, responden a las necesidades que presenta el país.
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Duque prometió a lo largo de su campaña, que de llegar a la Casa de Nariño, uno de los pilares fundamentales de su gobierno sería modificar la justicia para beneficiar a los colombianos y que ellos recuperen la confianza de la Rama Judicial.
"El camino de la legalidad demanda que logremos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial una reforma a la Justicia que la haga más eficiente, más cercana al ciudadano, más confiable y que nos permita garantizar oportunamente los derechos de todos los colombianos", manifestó.
https://twitter.com/MinInterior/status/1040291509126553600
Agregó que la reforma a la Justicia no da espera, "porque la mora judicial, el hacinamiento carcelario, los procesos interminables, la precaria tecnología con la que operan nuestros despachos, los riesgos de corrupción y en muchos casos la falta de transparencia y coherencia procesal y probatoria se van carcomiendo la esperanza colectiva".
Luego de ser consultada y discutida con las altas cortes, a través de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y varios funcionarios pertenecientes a la rama judicial, se radicó la iniciativa ante la Secretaría General del Senado.
Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia
Para lograr este objetivo, el Gobierno Nacional propone la eliminación de facultades electorales al Procurador General, al Auditor y al Registrador Nacional. Estos los elegiría el Congreso por convocatoria pública. Sin embargo, se mantiene que la Corte Suprema de Justicia preserve la función de elegir al Fiscal General de la Nación, porque hace parte de la Rama Judicial.
Por otro lado, de ser aprobada esta reforma, habría aumento de requisitos de experiencia para los magistrados (sería de 20 años) y se ampliarían sus inhabilidades; perderían su cargo si recomiendan a alguna persona para algún órgano de control o de la Rama Ejecutiva y ninguno de sus parientes podrán trabajar en los órganos en cuyos titulares hayan designado.
https://twitter.com/MinInterior/status/1040293575613997057
"Después de dejar el cargo no pueden litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción, durante cuatro años. Tampoco pueden postularse a cargos de elección popular en el mismo término", puntualiza la iniciativa.
Asimismo, proponen medidas "rápidas" para restaurar la confianza en las cortes. Lo que se pretende implementar es que se le permitirá a las Salas Plenas suspender a los magistrados "cuya conducta afecte gravemente la confianza pública".
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No habrá más bloqueos institucionales, se regularán las mayorías para elegir y si no se logra la elección en una primera votación, las mayorías requeridas van descendiendo. Habrá también agilización de procedimiento de la Comisión de Acusaciones, y una Comisión de Disciplina Judicial que será elegida por concurso de méritos, será independiente del Gobierno y tendrá jerarquía de Tribunal.
Eficiencia, eficacia y calidad
Una de las principales propuestas es hacer una reforma a la estructura de gobierno y a la administración de la Rama Judicial. Principalmente, esta última ya no estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, sino de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General; la Dirección General y la Comisión de Carrera Judicial.
También, la reforma propenderá por que el periodo de los presidentes de las altas cortes sea no mayor a dos años, y por agilizar los procesos penales, ya que se le permitiría al juez de control de garantías "dictar sentencia en los casos de aceptación de cargos, sin requerirse más trámites ni cambio de juez".
https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1040293519846526976
Además, "habrá suficiente presupuesto para la Rama Judicial (...). Esto es un proceso, con esta iniciativa buscamos la creación de una nueva institucionalidad", indicó la jefe de la cartera de Justicia.
"Seguridad jurídica" frente a tutelas
Para dar seguridad jurídica, el gobierno de Iván Duque propone que a la Corte Suprema de Justicia se le de la función explícita de unificar la jurisprudencia y reformar la acción de tutela para exigir legitimidad de quien la ejerce. "Para garantizar su uso y evitar sus abusos. Posteriormente vamos a tener una ley que va a reglamentar la tutela, estamos es fortaleciéndola", aseguró Borrero.
Además, esta reforma contempla que las cortes solo podrán comunicar sus sentencias cuando estén firmadas por todos los magistrados y se encuentren registrados los salvamentos y las aclaraciones del voto.
