En la tarde de este lunes la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República empezó a abordar los puntos más polémicos del proyecto de reforma judicial que presentó el Gobierno. Uno de los más fundamentales en esa discusión es el de la prevista restricción a la tutela, una idea que genera indignación en amplios sectores de la sociedad colombiana, que ven en dicho mecanismo, consagrado en la Constitución de 1991, la principal defensa judicial de los ciudadanos del común ante cualquier abuso o exceso.
Tal y como fue presentado, el aparte de la reforma judicial que pretende modificar la tutela restringe el modo y lugar en el que se puede radicar. Esto es, si un ciudadano quiere interponer una acción de tutela no podrá ya hacerlo ante cualquier juzgado, sino que tendrá que ubicar y dirigirse al que esté especializado para el ámbito de su demanda. La idea fue criticada porque, según sus detractores, hará muy complejo, sino imposible, que los ciudadanos de las clases más marginales, o campesinos de regiones apartadas, conozcan a qué juzgado se deben dirigir según el abuso que pretendan denunciar.
En suma, los críticos de esta iniciativa aseguran que con estas modificaciones, la tutela casi que se vería eliminada de la vida nacional y perdería su carácter más democrático, por el que fue pensada y aprobada en 1991.
Los congresistas no han sido ajenos a dicha discusión y, en diálogo con Kienyke.com, expresaron desde distintos segmentos del espectro político su opinión sobre lo que debe ocurrir o no con la tutela en una eventual reforma judicial. Más aún, según lo que pudo evidenciar este medio durante el debate, el pulso por la tutela sería ganado por los sectores independientes y opositores del Legislativo, ya que contrario a lo que en un principio se previó, esta no sería tocada en caso de que prospere cualquier reforma judicial.
Defensa a ultranza
Para Roy Barreras, senador del Partido de la U, "la tutela es un logro enorme, hija de la Constitución del 91. Es lo que permite al ciudadano defenderse frente al Estado cuando no es escuchado. La tutela es sagrada, y nosotros por supuesto la defendemos". El legislador aseguró por tanto que la tutela se debe dejar quieta y no debe tener ninguna modificación: "corrijamos lo que no le sirve al ciudadano, no lo que sí le sirve".
Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, expresó ideas en la misma vía: "La tutela no hay que tocarla. Las cosas que están funcionando se dejan así".
Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, advirtió que los proyectos oficialistas de reforma judicial, en especial respecto al tema de la tutela, corresponderían en ese sentido un "peligrosísimo retroceso. La gran virtud de la tutela es que la puede impulsar cualquier ciudadano sin necesidad de un abogado y tiene una resolución muy rápida, de menos de 10 días y ante cualquier juez. Y el proyecto pretende cercenarla: Que sea con abogado, solo ante determinados jueces, les pone caducidad, es decir les da un tiempo fijo y estrecho para impulsar la acción. Es algo adverso al espíritu de la Constitución".
"¿Por qué hay tantas tutelas? Porque hay abuso o funciona mal el sistema de salud. El año pasado hubo 750.000 tutelas, pero si se ponen a mirar son principalmente por salud, pensión y derecho de petición. ¿Acabamos la tutela? ¿O arreglamos el sistema de salud, de pensión y las entidades resuelven las peticiones a tiempo?", aseguró.
Para Lozano la reforma judicial tiene aspectos interesantes como ponerle un mínimo de experiencia a los magistrados en la Rama Judicial, pero asegura que todavía persisten numerosas complejidades no necesariamente relacionadas al debate sobre la tutela. "Hay un problema con este proyecto de reforma y es que está mal enfocado, debe seguir las prioridades del ciudadano", concluyó.
Por su parte, desde Cambio Radical, el senador Rodrigo Lara expresó ciertos matices, pero se mantuvo alineado con quienes argumentan que más que la tutela, otros ámbitos del sistema democrático deben ser modificados. "Yo entiendo que la tutela debe ser regulada para evitar que abusen de ella, pero hay que entender que es la única herramienta que tienen muchos colombianos para que sus derechos más básicos sean respetados. Por lo general personas que requieren tratamientos médicos y que no reciben respuesta de las EPS. Entonces yo lo que propongo más bien es apretar a las EPS para que las que obliguen a la gente a presentar tutelas sean castigadas con una multa", dijo.
¿Oficialismo y Gobierno echan para atrás?
Por su parte, Paloma Valencia, quien figura como ponente en los dos proyectos de reforma judicial presentados por el oficialismo, echó marcha atrás y aseguró que no pretende modificar este mecanismo ciudadano: "Yo soy enemiga de tocar la tutela, creo que es una institución que está funcionando bien y que no vale la pena distraernos en modificarla porque podemos dañarla, y el mensaje que se le da al país frente a la única institución en la justicia que realmente funciona es muy grave, si se llegara a transformar en desmedro de los derechos de los ciudadanos".
Durante el debate de este lunes en la Comisión Primera, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, intentó mantener firme su pretensión de regular dicho mecanismo ciudadano, aunque de cierta forma también la defendió durante su discurso: "La tutela es realmente la joya de la corona, es esa herramienta que tenemos todos los ciudadanos para hacer efectivos nuestros derechos cuando son vulnerados. Queremos es que se convierta en excepcional".
De esta forma, y tal vez al percatarse de una consensuada defensa de la tutela entre la opinión pública y, más aún, entre congresistas de distintos sectores políticos, el oficialismo podría decidirse en dejar como está uno de los mecanismos más fundamentales de la democracia colombiana. Resta ver el avance de los debates para saber si eso realmente ocurre.
Reportería: Jair Espitia.
Redacción: Daniel Armirola.
