La implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc atraviesa por uno de los momentos más difíciles desde que fueron firmados hace un poco más de un año en el Teatro Colon. El jueves era la fecha límite para tramitar las leyes y actos legislativos mediante el Fast Track, y son muchos los proyectos que no llegaron a feliz término.
El Fast Track, o vía rápida, es un sistema que permitía reducción en los tiempos para legislar. En la vía ordinaria cada ley requiere cuatro debates: dos en Cámara y dos en Senado. Con este procedimiento se realizaba un debate conjunto entre las comisiones de ambas corporaciones y luego el debate en las respectivas plenarias, reduciendo el trámite.
Para el caso de los actos legislativos, que normalmente requieren ocho debates (cuatro en Cámara y cuatro en Senado) se pasó a solo cuatro, es decir, dos en cada cámara del congreso.
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Así las cosas, se esperaba realizar las discusiones en poco tiempo, permitiendo debatir más normativas. Sin embargo, según la Fundación Paz y Reconciliación, el Gobierno ha presentado 24 normas y solo se han aprobado 10.
A esto se debe sumar la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la reforma política que fue hundida y las 16 curules de las circunscripciones de paz, cuya votación de conciliación ha generado todo tipo de dudas y confusiones aún por resolver.
Pese que en un acto de rapidez pocas veces visto se votaron ambas conciliaciones, muchos proyectos quedaron sin tramitar o tramitados a medias, teniendo que pasar por la vía ordinaria, lo que implicaría una seria dificultad a la hora de implementar los acuerdos.
Entre los proyectos que quedaron por ser tramitados se encuentra el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales, la adjudicación de baldíos en reserva forestal, el sistema catastral y el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca, entre otros. Unos de esos proyectos quedaron discutidos a medias, mientras que otros no empezaron a ser debatidos.
Pero a la lista de inclumplimientos deben sumarse aquellas iniciativas que ni siquiera llegaron a ser radicadas, por lo que no existió la mínima opción de ser debatidas por Fast Track.
Algunas de ellas son de gran importancia como la regulación de la jurisdicción agraria (uno de los puntos que más preocupaba a las Farc durante las negociaciones), las garantías para el ejercicio de la protesta social, la reforma a la Ley de Víctimas (a petición de varios sectores afectados por el conflicto) y los ajustes necesarios para el Plan Nacional de Desarrollo.
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Como era de esperarse, lo ocurrido causó gran preocupación, principalmente es los miembros de las Farc, que ven esto como el incumplimiento a lo pactado en La Habana.
