Los escándalos que está atravesando La Corte Suprema, luego de que magistrados del Alto Tribunal, resultaran involucrados por corrupción, parece que la justicia necesitaría una reforma política. Lo que no se sabe es quién puede hacerla y cómo llegar a un consenso sobre su contenido.
En las grabaciones que reveló la DEA en Estados Unidos, los tres ex presidentes del Alto Tribunal (Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, los señalan de haber recibido sumas millonarias por modificar fallos a favor de tres políticos, que están siendo investigados por corrupción y por en el escándalo de Odebrecht, se trata de Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Musa Besaile.
Desde hace tiempo los índices de credibilidad de la Justicia han ido disminuyendo, pero con el alboroto que desde la semana pasada y que seguramente irá creciendo a medida de que se conozcan más detalles sobre la manera en que los magistrados cobraron el dinero, la situación ya tocó fondo. Debido a que el máximo tribunal de justicia deja en duda su legitimidad y tiene repercusiones políticas que golpean a varios partidos y entidades.
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Está claro que la justicia necesita una reforma. El inconveniente es que el bloqueo para que se realice tiene dos componentes. El primero tiene que ver con que no es fácil llegar a un consenso por los intereses de las entidades que forman el complejo andamiaje de la justicia. Y el segundo inconveniente es que no es fácil implementar la reforma, pues los partidos, los tribunales, el Congreso y la Corte Constitucional no están dispuestos a hacer un cambio de verdad, por tantos intentos fallidos que se han presentado.
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Otra preocupación que surge es definir cuál instancia debe investigar a los magistrados, quiénes son sus jueces naturales.
Mientras se calman un poco los ánimos en la Corte Suprema de Justicia, más adelante se podría evaluar cómo sería la nueva reforma, porque en el momento no existe ninguna seguridad de que este mecanismo garantice mejores decisiones que las que pueden tomar las instituciones normales
