El 15 de enero de 2018, cuando el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, decidió posesionar a los 30 de los 38 magistrados que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) requería para dar inicio a los procesos judiciales contra los excombatientes de las Farc y con la responsabilidad de esclarecer las violaciones de derechos humanos que dejaron 50 años de guerra, se entendió que iba a ser una tarea titánica.
Una labor donde la Fiscalía General de la Nación en mando de Néstor Humberto Martínez, mantiene un protagonismo sumamente importante para que esta instancia especial logre cumplir a cabalidad su labor. Esto, porque la entidad ordinaria era la que llevaba adelantando los procesos judiciales contra los militantes de las extintas Farc.
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Sin embargo, cuando la JEP conformó a todo el equipo necesario para investigar y juzgar a los actores que participaron en el conflicto armado, el fiscal ha presentado serios reparos, demostrando que guarda cierta discrepancia con el control y poder judicial que la ley le otorgó a esta justicia especial.
Las declaraciones del fiscal antes de reglamentarse la JEP
A finales del 2017 cuando este mecanismo de justicia, que salió de los acuerdos de paz de la Habana, estaba reglamentándose en el Congreso de la República, el fiscal Néstor Humberto Martínez, ya había manifestado sus preocupaciones en varios puntos donde según él, esta jurisdicción sería inconstitucional al limitar algunas funciones de la Fiscalía y que garantizarían la impunidad.
Néstor Humberto, señaló en su momento que varias facultades que la entidad que dirige se verían afectadas con la entrada de la JEP, por ejemplo, los procesos que adelantaban junto a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que pasaron a ser parte del trabajo del nuevo tribunal, así como los
procesos de justicia y paz sean compulsados a ambos tribunales cuando, según el fiscal, la ley dicta que esa competencia es única de la Fiscalía.
Otro de los actos que evidenció el distanciamiento de Martínez con lo que sería la JEP, se dio cuando publicó una carta de nueve páginas en la que brindó cinco puntos a considerar antes de que este tribunal especial pasara y fuera aprobado por el Congreso.
“No puede quedar la posibilidad de la impunidad para graves crímenes”, afirmó el fiscal en esta misiva donde también aseguró que,"los beneficios no pueden convivir con los nuevos delitos". Esto último se evidenció con lo sucedido con el excomandante guerrillero Jesús Santrich acusado de narcotráfico.
La manzana de la discordia: Jesús Santrich
Todas las recomendaciones hechas por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, en el congreso no tuvo resonancia, la JEP fue aprobada sin grandes cambios. Los primeros meses que fueron de estructuración, han pasado con gran intensidad y atención por parte de los colombianos.
El primer choque entre ambos organismos judiciales y que retumbó en lo más profundo del acuerdo de paz, fue la captura de Seuxis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrinch, un excomandante de las exFarc, que según investigaciones de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA), aseguran que Santrich incurrió en el delito del narcotráfico donde presuntamente intentó enviar 10 toneladas de coca a Estados Unidos a través del cartel de Sinaloa y días después el país norteamericano pidió que este personaje fuese extraditado.
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Ante esta situación, el fiscal comunicó: “La orden de captura internacional, cuya finalidad es la extradición de las referidas personas hacia los Estados Unidos de América, se basó en una acusación formal que emitió el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el día miércoles 4 de abril del año en curso contra las personas capturadas por narcotráfico en un periodo comprendido entre junio del 2017 y se prolongó hasta abril del presente año, es decir, posterior a la firma del Acuerdo de Paz”.
El pronunciamiento de la JEP frente a la captura y futura posible extradición de Santrich causó revuelo, ya que la decisión que tomó la Sección de Revisión y que fue anunciada por el magistrado José Ángel Bobadilla, fue que "la JEP asume competencia para conocer la solicitud de aplicación de garantía de no extradición".
En el mes de septiembre, la JEP le solicitó a la Fiscalía que le compartiera el expediente con las pruebas contra Jesús Santrich y así determinar su participación en los actos delictivos, sin embargo el ente acusatorio le informó a la jurisdicción especial que en Colombia no están las pruebas de audio y video contra Santrich.
“Le he reiterado a la JEP que el expediente no tiene pruebas de audios y videos (...) Es que el Gran Jurado de la Corte de Nueva York tuvo acceso a audios y videos que determinan los hechos que han dado lugar a la acción de la Corte de Nueva York en este caso”, dijo Martínez.
Lo más reciente que sucedió con este caso fue que la Fiscalía le compartió a la JEP con el fin de "cumplir su responsabilidad", 12 audios que pertenecen a interceptaciones telefónicas que adelantó la DEA a las comunicaciones de Santrich y Marlon Moreno (sobrino de Iván Márquez) en los cuales se evidencia cómo se planeaba un envío de varias toneladas de cocaína a Estados Unidos.
La Fiscalía se despacha contra la JEP
Otro hecho que marcó un choque entre la Fiscalía y la JEP, es la investigación que desarrolla la entidad ordinaria contra la directora administrativa de la Jurisdicción Especial de Paz, Martha Lucía Zamora Ávila, por su presunto acto de responsabilidad al favorecer indebidamente a exintegrantes de las desmovilizadas Farc.
La funcionaria, que ya fue citada a interrogatorio, manifestó que no sabe de qué se trata esa investigación y aseguró que en ningún momento infringió la ley y que estará atenta a cualquier orden de la Fiscalía con el fin de "demostrar ante un juez imparcial y un procurador judicial, mi honestidad en todo lo que hecho en la JEP", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.
Pero el hecho más fuerte que se ha registrado sucedió en la tarde del jueves 4 de octubre, cuando la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, denunció que la Fiscalía General de la Nación realizó un acto de intromisión indebida respecto a una investigación que esta entidad adelanta.
“En el día de hoy la Jurisdicción Especial para la Paz fue notificada por la Fiscalía General de la Nación, a través de un agente de la policía judicial, sobre la orden impartida para practicar una inspección judicial al caso 001 que se adelanta en esta jurisdicción. Igualmente, se notificó a la presidenta de la Sala que lleva el caso que debería responder a una entrevista para que informara sobre el trámite adelantado”, señaló la directora de la JEP.
La presidenta del tribunal de justicia transicional denunció que se trata de un acto “claramente intimidatorio” frente a la independencia judicial que deben llevar los jueces a cargo del caso. Por este motivo, compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para “tomar nota de la situación y adelantar las gestiones que considere pertinentes”.
Ante estas últimas decisiones de la Fiscalía General, organismos como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia pidió que se respete la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el país, luego de que la presidenta de ese tribunal, Patricia Linares, denunciara que la Fiscalía General tomó sin permiso un caso bajo la potestad de su entidad.
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