El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá sancionó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con cinco días de arresto y una multa por desacato a un fallo de tutela. El caso está relacionado con un derecho de petición de la representante Katherine Miranda sobre actuaciones del Ministerio frente a denuncias en RTVC.
La orden contra el ministro
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, fue declarado en desacato por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, luego de que el despacho concluyera que no acató un fallo de tutela emitido el 20 de mayo de 2026.
La tutela había protegido el derecho fundamental de petición de la representante a la Cámara Katherine Miranda Peña, quien solicitó información al Ministerio del Trabajo sobre las actuaciones adelantadas frente a denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC.
Según la decisión judicial, la cartera debía responder en un plazo de 48 horas y de manera detallada un cuestionario de 12 preguntas incluido en una petición radicada el 24 de marzo de 2026. El juzgado consideró que esa orden no fue cumplida en los términos establecidos.
Por esa razón, el despacho sancionó a Sanguino, en calidad de ministro de Trabajo, o a quienes hagan sus veces, con cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El origen del desacato
El proceso no resuelve de fondo las denuncias sobre presunto acoso o violencia basada en género en RTVC. El punto central de la decisión es el cumplimiento de una orden de tutela relacionada con el derecho de petición de la congresista.
La providencia señala que el Ministerio debía entregar una respuesta de fondo, detallada y completa sobre las actuaciones de la entidad frente a esos hechos. Para el juzgado, la respuesta entregada no satisfizo lo ordenado en el fallo de tutela.
La decisión fue firmada por el juez Víctor Hugo González, dentro del incidente de desacato identificado con el número 2026-10090, promovido por Katherine Miranda contra el Ministerio del Trabajo.
¿Qué pasa ahora?
Aunque la providencia ordena que el arresto se cumpla en instalaciones carcelarias de la Policía Nacional, la misma decisión dispone que antes debe surtirse el trámite de consulta ante el superior jerárquico.
Ese paso es relevante porque, en los incidentes de desacato, la sanción debe ser revisada por el superior, que decidirá si la confirma o la revoca. Por eso, la orden no debe presentarse como una captura inmediata o una sanción ya ejecutoriada.
El siguiente paso será la revisión de la decisión judicial. Si la sanción queda en firme, se definirán las condiciones para su cumplimiento y el pago de la multa impuesta al funcionario.
