Al menos 35 congresistas colombianos radicaron este martes un proyecto de Ley en el Congreso de la República que busca
regular el consumo recreativo de marihuana en el país.
Si bien en el Legislativo ya han cursado trámite iniciativas sobre el tema, entre las novedades que traería la actual es la posibilidad de
implementar ‘coffee shops’ o dispensarios de cannabis, así como crear un
marco normativo que incluye todo el proceso, desde el cultivo hasta la comercialización y uso del cannabis y sus derivados.
Además, contiene un amplio componente social, pues un 50 % de las licencias para participar en esta actividad económica, se otorgarían prioritariamente a campesinos o pequeños productores que hayan sido víctimas del conflicto armado, desplazados de un territorio afectado por cultivos ilícitos; o ser madres cabeza de familia.
Pero también habría licencias especiales para pueblos indígenas, que estarían reglamentadas por la jurisdicción especial indígena. Con este mecanismo de licencias se pretende evitar que los grandes grupos económicos monopolicen el mercado.
El proyecto también abarca un componente de prevención, ya que plantea que el
50 % de un impuesto que sería fijado al uso de la marihuana recreativa, sea destinado específicamente a programas de prevención de consumo. Igualmente, eliminaría una actual paradoja que permite la posesión y el consumo de cannabis, pero que “limita las opciones legales” para adquirirlo.
Según explicó el senador
Gustavo Bolívar, de la llamada Lista de la Decencia y líder del proyecto, su creación es resultado de un trabajo de unos ocho meses y conversaciones con indígenas y campesinos de diferentes regiones de Colombia.
Durante la entrega formal del documento ante la Secretaría General del Senado, los promotores del proyecto de Ley hicieron énfasis en que
este consumo será exclusivamente para mayores de edad, y que quien incurra en ventas a menores, deberá enfrentarse a las sanciones penales ya establecidas.
“Este proyecto de Ley tiene tres objetivos básicos. Primero, quitarle el negocio de las manos a los narcotraficantes; segundo, proteger la vida y la salud de los consumidores; y tercero, generar ingresos para el país de los que buena parte irán a la lucha, prevención y educación en todo tipo de consumo, campañas que hoy no existen”
Según el senador
Iván Marulanda, del Partido Verde, este proyecto está directamente relacionado con derechos humanos, salud pública y “sentido común”.
“Colombia, con toda esta política prohibicionista, lo que ha hecho es entregar la economía colombiana a las economías criminales. En la medida en que logremos ir regularizando el comercio de las sustancias sicoactivas, vamos a arrebatarle el negocio a los criminales y las mafias, para que la vida no esté regularizada por las balas, ametralladoras y las bombas”, señaló Marulanda.
Además de la Lista de la Decencia y el Verde, también lideran este proyecto los partidos Farc, Liberal, Cambio Radical, Polo Democrático, La U y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).
Otro de los legisladores que trabajó en esta estrategia fue
Julián Gallo, conocido en la guerra como
Carlos Antonio Lozada, y miembro del partido Farc, el movimiento político surgido tras el acuerdo de paz de 2016. Para el exguerrillero, de aprobarse la iniciativa, se lograría generar un “verdadero cambio en esa política equivocada de guerra contra las drogas, de la cual Colombia ha sido la principal víctima”.
“Estamos convencidos de que este tipo de iniciativas tienen la virtud de acabar con el prohibicionismo, que es la base sobre la que se han constituido y desarrollado las mafias a lo largo de la historia”, advirtió.
El senador Gallo también indicó que “Colombia debe convertirse en el punto de partida para un cambio de este paradigma a nivel internacional”, al tiempo que se mostró convencido de que está llegando el momento de convocar una conferencia internacional sobre drogas, para que “con la participación de las principales agencias internacionales, el mundo pueda cambiar lo que ha sido la política equivocada” de lucha contra las drogas.
Otro de los puntos que plantea el articulado, es crear el
Instituto Colombiano para la Regulación del Cannabis (Icoreca), una unidad adscrita al Ministerio de Salud, con personería jurídica, autonomía técnica, administrativa, patrimonial y presupuestal. Sería esta entidad la encargada de otorgar las licencias.
El senador
Armando Benedetti, del partido de La U, resaltó que
la propuesta está alineada con el cuarto punto del proceso de paz, sobre drogas ilícitas y que el negocio de la marihuana recreativa regulada por el Estado puede ser incluso “más grande que el café”.
Benedetti dio cifras del estado de Colorado (EE. UU.), que tiene 5,5 millones de habitantes y donde la marihuana recreativa es legal desde hace más de cinco años. Según el congresista,
Colorado obtuvo del impuesto de marihuana el año pasado USD 1.080 millones, y espera recaudar en 2019 USD 1.500 millones.
Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica y senadora de la bancada de los Decentes, apuntó que de aprobarse el proyecto, Colombia entraría a una nueva fase que ya han atravesado otros países.
“Hay una gran cantidad de experiencias que nos dicen que no solamente la represión ayuda a disminuir” los problemas que conlleva el negocio ilícito de las drogas, por lo que hizo un llamado al Estado a cambiar su política en esta materia, “que ha causado tantas muertes”.
El legislador del izquierdista Polo Democrático,
Alberto Castilla, incluso invitó a reactivar la iniciativa 111 de 2017, autoría del oficialista partido Centro Democrático y que presentó el actual presidente del país, Iván Duque, cuando era congresista. Dicha propuesta establecía “salas de consumo saludable, regulado bajo responsabilidad del Estado”.
“Este proyecto debería retomar esa discusión, y volver a tocar el presidente de la República lo que fue su idea inicial. Que el Estado establezca los lugares de consumo saludable, regulado y voluntario de marihuana y otras sustancias psicoactivas”, afirmó Castilla.
Los congresistas de la oposición dijeron que aunque
no será fácil que se sancione esta iniciativa, hay más factores a favor y es viable lograr luz verde. Incluso, según reveló un medio local, el expresidente Juan Manuel Santos confirmó su apoyo.
“No podemos decir que es fácil de aprobarla en Plenaria, pero no es una utopía ya, porque con la suma de todos estos partidos podríamos estar teniendo unas mayorías”, concluyó Bolívar.
